Control a las construcciones. 9.000 expedientes al ano se abren en Guayaquil por obras fuera de norma

La construcción de viviendas y todo tipo de infraestructuras está en el centro de la atención de las autoridades, planificadores urbanos y de los mismos constructores, cuyo gremio nacional, la Cámara de la Industria de la Construcción, inició una campaña orientada a crear una nueva cultura para construir y reconstruir con responsabilidad en todo el país.

Después del terremoto del 16 de abril, que puso de manifiesto la informalidad rampante en esta actividad, los controles a las obras tienden a aumentar, sobre todo en las grandes y populosas urbes como Guayaquil.

En esta ciudad, anualmente la Municipalidad abre en promedio 9.000 expedientes contra igual número de construcciones por no tener el respectivo permiso municipal para ejecutarse; por violar normas de construcción; y por ejecutarse en la vía pública. Aunque no todos estos procesos implican necesariamente detener las obras.

En 2015 el Municipio dictaminó la paralización de 1.537 obras, lo que equivale a un 20 % de las construcciones formales. Esta cifra no incluye los asentamientos irregulares con construcciones antitécnicas por doquier. En todo caso, la mayoría de proyectos sancionados siempre buscan regularizarse.

Pero más allá de lo que puedan provocar en las edificaciones, los eventos naturales como un sismo, ¿quién tiene la culpa de que una casa o cualquier obra de ingeniería tenga fallas estructurales u otros daños? ¿el propietario del proyecto, el contratista o las autoridades?

Ramón Fernández, un ingeniero civil retirado, dice que sobre los dueños de las obras o proyectos recae la primera responsabilidad de que una obra perdure o colapse. “Es como el enfermo que va donde un médico y busca al especialista que le garantice que lo va a curar”, dice Fernández, un exsubsecretario de Obras Públicas y exgerente de la hoy desaparecida Corporación Ejecutiva para la Reconstrucción de las Zonas Afectadas por El Niño (Corpecuador).

El planificador urbano Carlos Jiménez considera que son los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), los llamados a cuidar que hayan construcciones bien hechas y, sobre todo, sismorresistentes. Aunque admite que a estos organismos les falta técnicos para hacerlo.

Con él coincide Luis Cubillos, un arquitecto y activista de organizaciones sociales, quien cree que los municipios deberían vigilar rigurosamente que estas obras se realicen de acuerdo al diseño arquitectónico y estructural. “Los que dejan pasar -enfatiza- son corresponsables de las catástrofes”.

Cubillos, actual subsecretario de Diálogo Social, de la Secretaría de la Gestión Política, sostiene que los planes de ordenamiento territorial deben respetar las leyes y comportamientos de la naturaleza y, por tanto, haber permitido urbanizar en rellenos, playas y arenales, pantanos y laderas, ha tenido consecuencias funestas para los ecuatorianos.

Los GADs rechazan que les endoce la culpa por las malas construcciones. Xavier Narváez, director de Justicia y Vigilancia del Municipio de Guayaquil, dice que no les compete vigilar, por ejemplo, si el hierro o el tipo de arena que se usa en una construcción es o no el adecuado. “Eso es responsabilidad exclusiva del constructor”.

José Núñez, asesor de la Dirección de Urbanismo y Ordenamiento Territorial de la entidad, agrega que los municipios dan el permiso de construcción para cumplimiento de normas y ordenanzas municipales atinentes al uso del suelo, la densidad, pero nada más.

“Por las normas técnicas que se apliquen en las obras responden los profesionales ante la justicia ordinaria, si es que son demandados por fallas”, recuerda este arquitecto, quien, sin embargo, considera que la cultura ciudadana respecto a estos temas va mejorando mucho en Guayaquil, gracias, en parte, a la simplificación y modernización de los trámites que la gente debe cumplir con este fin.