El fomento a la transparencia y la lucha contra la corrupción es una de las competencias que, según los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, han sido olvidadas por la institución. Una función que a su criterio es muy útil para receptar e investigar denuncias de los ciudadanos, como las que impulsaron a EXPRESO a indagar las irregularidades de los fotorradares a cargo de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil y, en demás rincones del país, de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Sin embargo, los aspirantes señalan que la entidad no puede quedarse esperando denuncias, sino actuar.

“El Consejo de Participación debe tomar la iniciativa para velar por los derechos de los ciudadanos y no simplemente esperar la iniciativa de los afectados”, dice a este Diario el aspirante a consejero Óscar Ayerve, quien también señala que la entidad “tiene la facultad constitucional de defender la violación de derechos y que, por tanto, puede conminar a las autoridades responsables y activar los procesos de participación efectiva para que los ciudadanos sean actores y no solo espectadores en estos casos”.

Uno de ellos, según explica la candidata a consejera Pamela Troya, es la ‘contraloría social’, pero que este proceso no ha sido fomentado. “El Consejo podría hacer maravillas si promoviera o incentivara que se generen estas denuncias (sobre fotorradares u otro tema), pero los ciudadanos no van a confiar en un Consejo de Participación tan debilitado como está ahora” por otros intereses de la institución.

No obstante, explica que la opción de la ‘contraloría social’ no quita que el Consejo de Participación Ciudadana pueda actuar de oficio “ante una clara denuncia pública de que están siendo vulnerados los derechos de los ciudadanos”. Esto, según Troya, es algo que se ha olvidado porque los consejeros se han focalizado en la designación de autoridades de control y la pugna interna de poder entre los consejeros.

Por su parte, David Rosero, consejero de Participación que busca la reelección, señala que estos temas pasan por la predisposición del presidente de la entidad para ubicarlos en el orden del día, para que sean tratados y discutidos por el pleno. “Lo que también podría realizarse es impulsar una iniciativa de veeduría ciudadana para vigilar y fiscalizar estas supuestas irregularidades en el funcionamiento de los fotorradares”.

Esto, según Rosero, ya tiene antecedentes en otros cantones del país, como Ambato, en la provincia de Tungurahua, donde los ciudadanos denunciaron multas injustificadas por parte de radares y, por la vía judicial, lograron que retiren los equipos que estaban multando erróneamente a los ambateños. “Con esto se podría impulsar un proceso similar”, continúa Rosero, sin adelantar si el tema será tratado por el pleno.

EL FUTURO DEL CPCCS CON LA CONSULTA

Entre las ocho preguntas planteadas por el presidente de la República, Guillermo Lasso, para el proceso de consulta popular, está quitarle la facultad de designación de autoridades al Consejo de Participación Ciudadana. Una tarea que, según los candidatos consultados por este Diario, distrae a los consejeros de las otras funciones que tiene la entidad, como el control social y la lucha contra la corrupción. Para Troya, es un tema evidente en las pugnas internas del cuerpo colegiado, que además solo está centrado en los procesos de selección y designación de autoridades, pero no brinda espacio a las denuncias de los ciudadanos.