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Contraloría responde a Villavicencio sobre denuncia de aparente endeudamiento ilegal

El contralor envió una comunicación en la que indica los hallazgos efectuados en los exámenes practicados a la gestión de la deuda pública

VILLAVICENCIO
Denuncia. El activista y político Fernando Villavicencio acudió a la Contraloría el pasado 14 de enero.Cortesía

El contralor subrogante Pablo Celi respondió al activista y candidato a asambleísta Fernando Villavicencio quien el 14 de enero presentó una denuncia en la Contraloría por el aparente endeudamiento ilegal que se habría registrado en el gobierno del expresidente Rafael Correa y que ascendería a 58.000 millones de dólares. 

Villavicencio, según el documento, presentó al contralor información sobre la gestión de la deuda pública ecuatoriana en el periodo comprendido entre 2009 y 2017. Adjuntó un archivo magnético con documentos que habría recibido hace más de seis meses. 

El candidato a asambleísta resaltó que solicitó al contralor "se investigue a todos los miembros del Comité de Deuda, Senplades, Ministerio de Finanzas y a Rafael Correa quien preside el Comité de Deuda".

El contralor le respondió que se revisó la documentación presentada y que la misma tiene relación con otros aspectos como actas del Comité de Deuda y Financiamiento, informes técnicos, contratos de operaciones de deuda, oficios, memorandos a entidades relacionadas con las operaciones de deuda pública, organizados en carpetas desde 2010 a 2016. Además una carpeta electrónica con archivos en Word t Excel.

El contralor le dice a Villavicencio que de la revisión efectuada se ha constatado que una parte significativa de la documentación recibida ya ha sido analizada por el organismo de control "en varios exámenes a las operaciones de la deuda pública, que han dado lugar a responsabilidades administrativas, responsabilidades civiles e indicios de responsabilidad penal remitidos a la Fiscalía".

Refrencial. El informe DNA3-0016-2018 que examinó dentro del periodo enero 2016 hasta agosto 2017, halló que los Cetes se colocaron por plazos mayores a los permitidos por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pública, COPLAFIP.

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Además responde al pedido de que lleve adelante una investigación integral sobre el endeudamiento en los últimos 14 años, proceso que permitiría determinar responsabilidades de los funcionarios mencionados en los documentos. 

Dice que ha  dispuesto que, en relación a los aspectos no considerados en anteriores acciones de control "se realice un examen especial a las condiciones financieras, económicas, técnicas y legales con las que se contrató la deuda pública interna y externa, su uso y pago, en el Ministerio de Economía y Finanzas y entidades relacionadas por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2020", dentro del plan de 2021.

La Contraloría informó sobre el examen especial a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa. Indicó que el 6 de abril de 2018 se aprobó el informe de ese tema y que el contralor informó de los resultados.

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Entre otras cosas la auditoría determinó que se derogaron normas y leyes para permitir una aplicación discrecional de los conceptos relativos al endeudamiento, como el de infraestructura. Señaló que las operaciones de deuda se declararon secretas y reservadas, atentando contra la transparencia en la gestión de los recursos públicos y limitando el control social.

Añadió que la venta anticipada de petróleo no se consideró como deuda, aunque se generaron intereses y se devengaron valores en efectivo cuando no se alcanzó a cubrir la cuota de crudo pactada.

Adicionalmente ratificó que, a través del decreto 1218 "se cambió la metodología para el cálculo de la relación entre el monto de la deuda y el Producto Interno Bruto (40 %). Esto permitió contratar deuda luego de superar el límite legal, sin solicitar la aprobación de la Asamblea, como lo determina la ley" y Petroecuador gestionó recursos de deuda sin ningún sustento legal.

Las conclusiones derivaron en informes con indicios de responsabilidad penal en contra del expresidente de la República y funcionarios relacionados, glosas y sanciones administrativas de destitución y multa, debido al perjuicio generado al Estado por el manejo indebido de los recursos provenientes del endeudamiento público, manifestó el organismo de control. 

La Contraloría también auditó la emisión de Certificados de Tesorería (Cetes). El 4 de julio de 2018 se aprobó el examen especial sobre ese tema entre el 1 de enero de 2016 y 31 de diciembre de 2017.

También se hallaron novedades en la colocación de Cetes por 2.294´926.967 de dólares en 2016 y por 17´179.442 de dólares en 2017, más los costos financieros correspondientes.El señalamiento fue al decreto  1218, con el cual el ex presidente reformó el Art. 130 del reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas estableciendo que los Cetes, emitidos con plazos de hasta 360 días no serán considerados deuda. 

La Contraloría dice que con ellos se inobservó lo contemplado en el Código sobre el componente del endeudamiento público. Hubo al menos seis colocaciones. Fueron entre otras cosas las encontradas por los auditores.