Jorge Glas recibió, la mañana de ayer, al notificador de la Contraloría General en la cárcel 4, en el norte de Quito. Estampó su firma y número de cédula en el documento, de 59 páginas, con el que se le comunica su destitución.

Él está detenido desde el 2 de octubre por su supuesta participación en la trama de corrupción de Odebrecht.

Pablo Celi, contralor subrogante, resolvió la destitución el pasado jueves. Notificó al implicado y remitió “copia certificada al Ministerio de Relaciones Laborales para los fines legales pertinentes”. La resolución es de cumplimiento inmediato, explicó la entidad de control: Glas ya tuvo el plazo legal correspondiente para desvanecer las acusaciones, pero no lo logró.

El caso tiene una larga historia. Empezó el 16 de junio de 2011 cuando el Gobierno anterior convocó a la licitación de la décima ronda petrolera. Entonces, Glas era ministro de Sectores Estratégicos y miembro del Comité de Licitación Hidrocarburífera. Uno de los bloques en juego era Singue, en la región Amazónica.

La adjudicación de ese campo al consorcio DGC –integrado por las compañías Dygoil Consultoría y Servicios Petroleros Cía. y Gente Oil Development Ecuador– tuvo, según la Contraloría, tres fallas graves.

La primera, el Comité hizo la convocatoria sin contar con la certificación del Mapa de Bloques Petroleros 2011, por parte del Instituto Geográfico Militar. La segunda, se aceptó la oferta del consorcio sin un análisis económico de la capacidad o fuentes de financiamiento de la inversión ofrecida. Y, la tercera, no se exigió a las empresas el desglose de la tarifa de 34,50 dólares por barril para verificar que esta sea el resultado estimado de la amortización de inversiones, costos, gastos y utilidad razonable.

El 3 de agosto pasado, Glas conoció estas observaciones. El 1 de septiembre entregó sus argumentos de defensa. Rechazó las observaciones del equipo auditor de la Contraloría, pero también la acusó de incumplir la normativa para establecer la sanción, de violar el principio de proporcionalidad de la pena, de violar el principio de responsabilidad directa, de falta de motivación y de violar el derecho a la seguridad jurídica.

“Llama la atención, dice Glas, que se pretenda la destitución del cargo de ministro de Sectores Estratégicos, que dejé en 2012. Su autoridad sabía que la famosa pena de destitución no tendría eficacia jurídica, sin embargo, la dictó. Soy vicepresidente constitucional de la República, el régimen de mi destitución lo estatuye la Constitución de la República”.

Pero el contralor no se convenció y ratificó la destitución y el pago de una multa de 5.840 dólares. Le atribuye “responsabilidad administrativa culposa”.

Según la entidad de control, una de las consecuencias de dejar un cargo por destitución es la prohibición de ejercer cualquier cargo público por dos años, después de haber sido notificado.

¿Qué opciones tiene Glas? En la Contraloría todavía puede interponer un recurso de revisión. Para eso tiene 60 días. También podría acudir al Tribunal Contencioso Administrativo. En una carta pública, Glas anunció que usará los dos recursos la próxima semana.

Esta es la primera vez, que la Contraloría dispone la destitución de un funcionario que ostenta la Vicepresidencia de la República. Por eso, el debate no se hizo esperar. ¿Puede esta entidad destituir al segundo mandatario? ¿A quién le corresponde llevar a la práctica esta resolución?

El abogado constitucionalista Rafael Oyarte cree que sí. La sanción debe aplicarse tal y como dice la Contraloría, dijo a los periodistas, porque la sanción es al funcionario y que debe ejecutarse porque se cumplieron todos los plazos.

En cambio, Jorge Benavides, también constitucionalista, dijo a EXPRESO que la ley de la Contraloría determina que la ejecución de la sanción la lleva a cabo la autoridad nominadora. Pero el vicepresidente es un cargo de elección popular. Añadió, que “es muy discutible que lo pueda destituir debido a que los mecanismos para sacar al vicepresidente son el juicio político o la declaratoria de ausencia definitiva”.

Expedientes:

Asociación

La trama de sobornos de Odebrecht por presunta asociación ilícita alcanzó al vicepresidente Jorge Glas. Él y 10 personas más fueron vinculadas a la instrucción que investigaba a su tío Ricardo Rivera, el pasado 29 de agosto.

Cohecho

Una vez que concluyó la instrucción fiscal por presunta asociación ilícita en el caso Odebrecht, el fiscal Carlos Baca Mancheno dispuso que se inicie una investigación previa en contra del vicepresidente y su tío Ricardo Rivera por cohecho.

Caso Singue

En agosto, la Fiscalía inició una investigación previa en contra de 20 personas por presuntas irregularidades en la concesión del pozo Singue. Uno de los investigados es el vicepresidente sin funciones Jorge Glas, detenido en la cárcel 4 de Quito.

Las reacciones

“Esto confirma lo que ya sabemos”

“Es la muestra del fracaso del correísmo en los últimos 10 años. Tenían un contralor corrupto que encubría las cosas para que cinco años después recién se pueda aplicar una destitución de alguien que no debió ser candidato a nada. Esa es la persona que asambleístas del oficialismo defienden a capa y espada”.

“Solo la Asamblea puede destituirlo”

“Es una aberración jurídica que la Contraloría pretenda destituir al vicepresidente de la República. Solo la Asamblea Nacional tiene esa facultad”, comentó la asambleísta y directora del movimiento Alianza PAIS en Guayas a través en su cuenta oficial de Twitter. Al comentario adjuntó el articulado constitucional que establece el proceso.

“Un llamado de atención a la Asamblea”

“El contralor (Pablo Celi) lo que hace es interpretar un sentimiento nacional, a pesar de que creo que legalmente no procede que la Contraloría destituya a un funcionario electo por votación popular. Con este informe, el fiscal (Carlos Baca) debe iniciar de inmediato un proceso por peculado en contra de Jorge Glas. No entiendo por qué lo dilata”.

“Es un insumo más para el juicio político”

“Si bien es cierto el resultado del trabajo de la Contraloría tiene un periodo de tiempo que es el ejercicio de ministro del señor Glas, pero indiscutiblemente abona al argumento de las irregularidades de los sectores estratégicos. Será un insumo más para el pedido de juicio político que se presentará en la primera semana de noviembre”.

“Ya no pueden ocultar las pruebas”

“Esto lo confirma todo. El vidrio está roto. El bloque de PAIS está roto porque ya las pruebas son inocultables y seguirán surgiendo con el pasar de las semanas más documentos que confirmarán la responsabilidad de Glas. Tendrá derecho a defenderse, pero lo urgente es solucionar la crisis que genera mantenerlo en la Vicepresidencia”.

“Creo que es una jugada del Gobierno”

“Es una jugada frente a que en la Asamblea existirían los votos para llevar a juicio político a Jorge Glas, y como el proceso es liderado por la oposición no quiere (el Gobierno) darle ese trofeo al movimiento CREO. Sacan una destitución por la vía de la Contraloría y con ello bajan la importancia a lo que podría ser un proceso de fiscalización”.