La Contraloria audita al expresidente Rafael Correa

Bajo la mira. El expresidente Rafael Correa fue mencionado por primera vez en un proceso abierto de la Contraloría General del Estado. Su rol como expresidente del comité de deuda pública está salpicado de irregularidades desde 2012.

El líder de la agrupación autoidentificada como Movimiento Revolución Ciudadana ordenó y firmó cambios legales y financieros que no se estudiaron en su momento, según el contralor subrogante, Pablo Celi. Él inició, en julio, revisiones, por ejemplo, al manejo de la preventa petrolera a China y Tailandia.

Por ese y otros casos concretos, Correa fue notificado, ayer. Ahora, el expresidente puede presentar documentos o pruebas que respalden sus decisiones. Caso contrario, como el resto de su equipo económico, puede enfrentar acciones legales y administrativas.

Uno de los temas que más preocupa a Celi es la firma de un convenio, en diciembre de 2014, que facultó el endeudamiento de Petroecuador para financiar al gobierno de Correa. Eso, presume, fue un ocultamiento de cuentas por pagar. EXPRESO publicó, el 2 de enero, el alcance y uso de ese documento que ahora es motivo de examen especial.

Rafael Correa será investigado, además, por los decretos que firmó, en 2016, que modificaron la presentación de la deuda del Estado. Sus cambios redujeron en unos 12.000 millones del monto (ver cuadro).

La respuesta no se hizo esperar. El exfuncionario dijo que intentaron notificarle en Guayaquil, pero que no será parte de un “show” que quiere distraerlo de la campaña por el no en la consulta.

También dijo que las cuentas estatales ya fueron auditadas por la Contraloría en la gestión de Carlos Pólit. Celi está de acuerdo: fueron 11 exámenes. Todos incompletos y con serias falencias, añadió Celi.

Esas inconsistencias motivaron a que el contralor subrogante convoque a una veeduría ciudadana de personajes vinculados a la academia, exministros, empresarios y políticos. En total, once ecuatorianos supervisarán las acciones de control del ente público.

Sus observaciones, aclaró Celi, no serán vinculantes, pero servirán para transparentar el proceso de examen. Esa línea motiva a empresarios como el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, y al director del Comité Empresarial, Roberto Aspiazu.

Al catedrático Eduardo Valencia, en cambio, le preocupa lo que encontrarán tras el estudio. Durante la presentación oficial de la veeduría, ayer en Quito, el exintegrante de la comisión investigadora de la crisis financiera de 1999 aseguró que Correa y su gabinete movieron las cifras de la deuda pública que, en papel, no supera el 32,2 % del Producto Interno Bruto (PIB). Según sus cálculos, el monto sería superior al 60 % del indicador. Es decir, unos 60.000 millones de dólares. Un número insostenible y que compromete el modelo económico del país, dijo.

Celi espera que el informe que analice la deuda de enero de 2012 al 24 de mayo de 2017 esté listo hasta finales de abril. En ese tiempo, los funcionarios notificados podrán defenderse. Luego, de ser el caso, vendrán etapas de determinación de responsabilidades.

Desde los políticos

Unidad Popular

El movimiento Unidad Popular presentó, ayer, un pedido para que el expresidente Rafael Correa no pueda salir del país luego de la campaña por el no en la consulta popular. Los representantes de la agrupación llegaron hasta la Fiscalía con carteles y disfrazados para exigir respuestas a Correa.

CREO

Homero Castanier, asambleísta de CREO e integrante de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, pedirá que Correa acuda a la mesa legislativa para que rinda cuentas de su gestión. El legislador quiere respuestas sobre el endeudamiento chino y los compromisos atados a petróleo.

Fuerza Ecuador

María Mercedes Cuesta, legisladora de Fuerza Ecuador (FE), anunció que iniciará investigaciones para determinar responsabilidades en el manejo de las finanzas públicas del Gobierno anterior. Ella dijo que espera que la apertura de la Asamblea y de la Contraloría dé buenos resultados.