Los daños tienen consecuencias. La Contraloría General del Estado emitió, este miércoles 16 de octubre de 2019, una resolución para suspender varios procesos, por ejemplo, de recopilación de información. Los sistemas de la entidad fueron afectados por los incendios y actos de vandalismo que se registraron durante las protestas violentas en Quito.

Una de las principales decisiones es que se suspenden todos los plazos que se encuentren en procesos administrativos en marcha. Es decir, si un funcionario público o exempleado del Estado debía presentar documentación dentro de la investigación de uso de bienes o recursos tendrá más tiempo para ese paso. Una vez que se retome la operatividad de la Contraloría se contarán los tiempos de ley.

La suspensión de plazos corre desde el 7 de octubre de 2019.

Incluso las declaraciones juramentadas tendrán cambios temporales. “En el caso de las declaraciones patrimoniales juradas que, desde el 7 de octubre del 2019, no pudieron ser generadas” no serán un exigidas a los servidores públicos. El ente de control aclara que ese cambio será temporal.

El contralor general del Estado, Pablo Celi, también dispuso algunas licencias temporales para el reporte de vehículos del Estado. “por esta ocasión y mientras dure la suspensión del aplicativo informático, (las entidades públicas) elaborarán las órdenes en formatos propios de la entidad”. Luego se subirán al sistema de la Contraloría y se deberán cumplir los requisitos de ley.

Hasta el momento no existe un plazo para el reinicio de actividades normales en la Contraloría. Se espera que sea en las próximas horas.