Varias vías y pocos resultados a la vista. La recuperación de dinero desviado en casos de corrupción o ‘perdido’ por fallas administrativas y contractuales todavía no aterriza en acciones concretas. La Contraloría, el Ejecutivo, la Asamblea, la Fiscalía y las Cortes... todos tienen algo que decir pero pocos resultados que mostrar.

El camino administrativo tiene un poco más claro el panorama: la Contraloría, al menos, tiene claro cuánto debe recuperar. La entidad de control ha emitido títulos de crédito por 684 millones de dólares en contra de funcionarios públicos por irregularidades que le costaron dinero al Estado.

En ese valor se incluye el capital, los intereses y las costas procesales. Corresponde a los procesos de determinación de glosas y multas, en los últimos años.

Hasta el año pasado, la entidad de control preestableció glosas por 1.150 millones y multas por 10,5 millones.

El problema, sin embargo, es posterior a esa predeterminación. Primero porque por ley, los sancionados pueden recurrir los valores a pagar ante el Tribunal de lo Contencioso. Segundo, la atribución de cobrar esos valores no está solo en manos de la Contraloría. Por ejemplo, entidades como Petroecuador o los Gobiernos locales tienen capacidad coactiva y, por lo tanto, llevan sus propios registros de lo ‘recuperado’.

La vía judicial va bastante más lenta. En los sonados casos de corrupción en Petroecuador y la trama asociada con la firma brasileña Odebrecht, solo han tenido dos ‘resultados parciales’. Tomislav Topic, accionista de Telconet, entregó a la Fiscalía 2,5 millones de dólares como evidencia. Ese dinero supuestamente habría llegado a sus cuentas de un remitente desconocido.

El año pasado también, la Fiscalía de Suiza ordenó el congelamiento de las cuentas de Álex Bravo, exgerente de Petroecuador. En ese caso, intentar traer el dinero de vuelta implicará un largo proceso de cooperación internacional.

Como uno de los problemas es, precisamente, que el dinero no está en el país, el Ejecutivo asegura haber tomado cartas. La semana pasada, el consejero presidencial, Santiago Cuesta, aseguró que el Gobierno contrató cinco empresas para recuperar el dinero de la corrupción. No dio más detalles porque, dijo, la información es reservada. Tanto que la información de los supuestos contratos incluso no aparece en la sección ‘Transparencia’ de la presidencia de la República.

Marco legal

Ley aprobada

Aunque los legisladores reconocen que existe legislación vigente “que permite la recuperación de bienes que son producto de un ilícito”, aprobaron la Ley de Lucha contra la corrupción que plantea cambios de procedimiento. El texto está en manos del Ejecutivo para su veto.

Sin condena

Una de las reformas fue incluir en la norma la posibilidad del comiso sin condena. Se sigue una acción, dice el informe de la Comisión, contra los bienes que no requiere una declaratoria de responsabilidad penal previa. También se normó el “comiso de terceros”.

Informe

El informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría ya no será un requisito para iniciar de instrucción fiscal en los casos de peculado y enriquecimiento ilícito. Será requerido, dice la norma, solo para la acusación fiscal.