Mariana García no se despegaba de la valla de metal que la separaba del ingreso a la Penitenciaría del Litoral. Estaba pendiente cada vez que la puerta de esa cárcel de Guayaquil, custodiada por una decena de militares, se abría. Ese era el día en que, uno de sus tres hermanos, conseguiría de nuevo la libertad y quería mostrarle un rostro de apoyo como bienvenida a una nueva oportunidad.

Su hermano cumplió 8 meses de prisión, al ser acusado por tráfico de droga, y fue uno de los sobrevivientes de la masacre ocurrida el 28 de septiembre. Mariana estaba feliz por él, pero preocupada por sus familiares que aún deben pagar penas de 7 y 13 años, por tráfico de estupefacientes, y que en cualquier momento vuelven a a estar cara a cara con la muerte en ese centro de rehabilitación.

“A uno lo detuvieron cuando transportaba droga en una moto y a los otros dos, por encontrarles sobres de droga en sus bolsillos. Mis hermanos no son traficantes, son consumidores y así lo confirmó el examen toxicológico”, narra la mujer a EXPRESO.

Como los hermanos de Mariana, la mayoría de los casos en los centros penitenciarios del país, están vinculados a la droga. Un mal, que, como el mismo vicio de consumir, crece, provoca muertes y hacinamiento carcelario.

Hasta el año 2020, la población carcelaria de Ecuador era de alrededor de 40.000 personas privadas de la libertad (PPL), entre las 53 cárceles del país, con un hacinamiento del 55%. Y la prisión más poblada, hasta ahora, continúa siendo la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil que albergaba a 8.542 reclusos, antes de la última masacre. Ahí, el hacinamiento es del 62%.

De acuerdo al Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación, el 27% de los PPL del país cumplen una sentencia por haber estado vinculados al negocio de la droga. El modelo penitenciario de Ecuador, que ha puesto en una encrucijada a las autoridades y hasta hizo rezar al Papa por Guayaquil, ha sido criticado precisamente por no distinguir entre delincuentes peligrosos con quienes pecaron “por necesidad de trabajo o porque son adictos” o procesados por delitos menores.

No es lo mismo el narcotráfico y el crimen organizado que el consumo de drogas. “Hay un grupo de personas que trafica por la falta de oportunidades. Otros por la falta de educación, de valores. Es un delito vinculado a otros problemas de fondo como la adicción y la violencia intrafamiliar”, dice a este medio la Asambleísta Geraldine Weber, quien lidera la Subcomisión del Sistema de Rehabilitación de las Penitenciarías y es miembro de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral. Apuesta por ser más indulgente con el final de la cadena de distribución de drogas.

Ella es una de las que propone la recategorización de los reos dentro del sistema penitenciario, porque explica, no es lo mismo quienes organizan y financian el nacimiento y destino de la droga, que quienes sirven de herramienta de carga o transporte de la misma o quienes no pueden vivir sin el estupefaciente porque son adictos a ella.

Las cifras parecieran darle la razón. Pues de acuerdo a datos de la Fiscalía General, facilitados a este Diario, desde el 2019 hasta finales de septiembre de este año, se procesaron a 28.588 personas por traficar y transportar droga en calles, terminales, aeropuertos y más. En este universo no se cuentan a los identificados como líderes o miembros de bandas criminales organizadas.

Y en el 2020 que fue el año pandémico y cuando miles de personas perdieron sus empleos, la vinculación a la droga creció. De 9.860 personas detenidas por llevar consigo droga, que hubo en 2019, el siguiente año, cuando hubo incluso cuarentena y restricciones, pasó a 10.089 acusados por este delito.

De esa cantidad, específicamente 89 personas fueron acusadas de ingerir cápsulas de droga en su cuerpo para transportarlas, poniendo en riesgo su propia vida, y convertirse así en lo que comúnmente se les llama ‘mulas’.

“La pandemia vino agudizar la pobreza que, mezclada con la falta de valores y de oportunidades, hizo caer a muchas personas en la vía fácil y rápida para obtener dinero. Además, la tabla de consumo empujó a mucha gente a entrar en el negocio de la droga”, menciona Weber.

La legisladora indica que, por el hacinamiento descontrolado, los derechos de muchos presos, especialmente de mujeres, están siendo vulnerados dentro de la Penitenciaría del Litoral, porque ahí, pese a estar en otros pabellones, se hallan de frente con los líderes y miembros de bandas criminales que, aunque son menos, tienen el poder.

Para el penalista y experto en Derechos Humanos, Jorge Sosa, la recategorización en el interior de las cáceles es una utopía, dice, porque en los centros penitenciarios “ni si quiera se cumple con la categorización. Es que ni siquiera hay rehabilitación”, destaca.

“La norma internacional es clara: deben separase a los PPL conforme al grado de peligrosidad, que se relaciona con el tipo de delito y la pena. Pero en Ecuador, realmente, nunca ha habido categorización de presos, porque, por ejemplo, los privados de libertad con prevención preventiva, que siguen siendo inocentes, comparten espacio con los ya sentenciados”, menciona.

Para el penalista consultado, además de la categorización, el Gobierno necesita, para evitar episodios tan violentos y que, al menos, las personas con penas menores se vean afectadas, insertar un verdadero sistema de rehabilitación y tecnificar la estructura, con monitoreos electrónicos, censores de movimientos, llaves electrónicas, un personal humano capacitado, técnico y con las herramientas necesarios, que no se contamine de corrupción.

Sosa coincide con Weber en que, a más de los programas en las cárceles, los cambios deben empezar en las familias, a través de la formación y la educación, especialmente en las ciudades de Guayaquil, Quito, Machala y Santo Domingo, que según la Fiscalía es donde más personas, como los hermanos de Mariana, se vinculan desde muy temprano al mundo de la droga.