La consulta popular tiene los plazos bien definidos

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La consulta popular tiene los plazos bien definidos

La tensión con el Legislativo hizo que el Gobierno desempolve el plan de preguntar a los ciudadanos. Estuvo en agenda desde el inicio del mandato

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El presidente Guillermo Lasso ha ido intensificando la promoción de la eventual consulta popular como una herramienta para destrabar el bloque que hay desde la Asamblea.Cortesía

Si los plazos, pero sobre todo las expectativas se cumplen, los ecuatorianos acudirán a las urnas dos veces en cuestión de cinco meses. El Gobierno del presidente Guillermo Lasso prevé enviar en las próximas semanas a la Corte Constitucional (CC) las preguntas para una consulta popular.

El mandatario adelantó, a inicios de esta semana, que el primer acercamiento con los jueces constitucionales para abordar esta propuesta se produciría antes de que termine este mes o en los primeros días de mayo. Se afinan los detalles.

Si así sucede se activará el procedimiento por el cual el primer mandatario puede disponer al Consejo Nacional Electoral (CNE) la convocatoria a referéndum y consulta popular cuyo trámite, hasta su ejecución, toma algo más de 90 días (ver gráfico).

Con eso queda totalmente descartado que la consulta vaya a coincidir con las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) previstas para febrero de 2023.

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El Gobierno asegura que viene trabajando a tiempo completo en el cuestionario, pero sobre todo en los anexos que acompañarán a los temas a ser consultados y deberán superar el filtro de los jueces constitucionales.

Las preguntas se manejan con sigilo, pero van surgiendo detalles. Por ahora, lo que se conoce es que versarán sobre tres ejes temáticos: institucionalidad y reforma política; seguridad ciudadana y economía enfocada en atracción de inversiones y empleo.

Sobre este último punto, Lasso incluso no descartó consultar a los ciudadanos sobre la aplicación íntegra del proyecto de Ley de Inversiones que fue archivada por la Asamblea Nacional.

A los integrantes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) que mantienen mesas de diálogo con el Gobierno sobre Seguridad Social y Código Laboral les preocupa lo que hasta ahora han escuchado de la consulta popular. José Villavicencio no se opone a que se le consulte a la gente, pero cree que un tema tan amplio como el laboral debería ser tratado también a nivel legislativo.

Sin embargo, el presidente Lasso ha calificado como una “pérdida de tiempo” enviar las reformas laborales a esa instancia, en donde ya reposa una propuesta de los gremios de trabajadores. Eso podría marcar distancias entre las partes.

El consejero presidencial, Diego Ordóñez, también adelantó que se podría plantear una pregunta sobre seguridad enfocada en las leyes actuales, las mismas que estarían permitiendo impunidad a favor de actores relacionados al crimen organizado.

La competencia nominadora de autoridades de control del Consejo de Participación Ciudadana también es un tema que podría ser incluido en la consulta popular del Gobierno. Pero la eliminación de este organismo de la estructura del Estado está prácticamente descartada.

En el organismo electoral aseguran conocer sobre la eventual consulta popular del Gobierno únicamente lo que se escucha a través de los medios de comunicación, pero hay conciencia de que si se produce habrá que hacer ajustes al cronograma aprobado para los comicios seccionales.

El presidente subrogante del CNE, Enrique Pita, le dijo a EXPRESO que si tal situación se produce en un momento dado a la Función Electoral le tocaría establecer un nuevo calendario para determinar qué actividades que ya se vienen desarrollando pueden ser aprovechadas para la consulta o cuáles tendrán que “montarse” sobre las ya planificadas para las seccionales y cumplir con los “cortísimos” plazos que implica organizar una consulta popular.

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Dos normas para un fin

El Gobierno insiste en la necesidad de contar con un Código de Trabajo, paralelo al que está vigente, que cobije a los ciudadanos que no cuentan con un empleo. Eso podría ser consultado a los ciudadanos y es algo que preocupa a los sectores sindicales que se oponen a esa propuesta.

Uso progresivo de la fuerza

En la Asamblea está estancado un proyecto de Ley sobre el Uso Progresivo de la Fuerza. Las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana no descartan que este tema pueda ser incluido dentro de las preguntas de la consulta popular si no hay avances en los próximos días.

Participación sigue en la mira

El tema de cajón para la consulta será el de las competencias del Consejo de Participación. El Gobierno, así como organizaciones civiles, coinciden en que esta instancia no puede seguir designando a las autoridades de control.