Consulta popular...
La difícil situación por la que atraviesa el país se evidencia de manera visible. Por un lado con la corrupción que nos asfixia, de la que son autores, cómplices y encubridores figuras de primer orden del régimen correísta. Y, por otro lado, con la angustia económica, toda vez que no es posible determinar claramente cuál es la deuda interna y externa, en vista de que los organismos competentes la “tapiñan”.
Ante este dilema la sociedad no tiene otra alternativa que la de encontrar mecanismos constitucionales y legales para romper este “nudo gordiano”. Este mecanismo no es otro que el de acudir al “soberano” para que diga qué es lo que hay que hacer.
Cuando el presidente Moreno dijo: “Si se quiere obstruir la verdad y poner en peligro la institucionalidad del país”, y luego manifestó que él “acudiría al pueblo cuantas veces fueren necesarias para consultarle qué es lo que tiene que hacer”, abrió las puertas a una consulta popular. Esta tesis la mantuvo el Ecuador desde antes de las últimas elecciones. No hay otra alternativa.
Las palabras de Moreno han sido recibidas con beneplácito por todos los sectores ciudadanos del país. Moreno debe convocar a consulta popular lo más pronto que le sea posible porque en estos momentos cuenta con el 80 % de aprobación del pueblo. La consulta popular deberá llevarse a cabo de conformidad con lo que dice el artículo 147 numeral 14 de la Carta Política para que el pueblo se pronuncie, entre otros aspectos, sobre los siguientes: no a la reelección presidencial indefinida, eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, del procedimiento para conformar la Corte Constitucional, del Consejo de la Judicatura, del Consejo Nacional Electoral; no a la comunicación social como un servicio público; la devolución de los derechos laborales para el cobro de sus utilidades, que les fueron “robadas” por el régimen anterior.
Así debe proceder Moreno si quiere ser consecuente con sus palabras y con la mayoría de los ecuatorianos que nunca aceptaron el autoritarismo y la corrupción del régimen anterior.
