La consulta de Giron fue solo el primer paso

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La consulta de Giron fue solo el primer paso

El nuevo prefecto del Azuay, Yaku Pérez, prepara una consulta provincial. Aspira a prohibir la minería en zonas de recarga hídrica.

Para el nuevo prefecto del Azuay, la defensa del páramo de Kimsacocha (Tres Lagunas, en quichua) ha sido una causa de toda la vida.

En un país dominado por el fetichismo de la obra pública, el caso de Yaku Pérez Guartambel es único en su género: ganó la prefectura del Azuay sin ofrecer ninguna. Y no es que no sean necesarias: las vías secundarias de la provincia, por ejemplo, se encuentran en pésimas condiciones. En tiempos de campaña, adonde los candidatos iban les pedían caminos. Pérez respondía que no hay recursos para complacer a todos. Todavía en los quince días previos a su toma de posesión, cuando recorría una por una las 61 parroquias de la provincia agradeciendo a sus electores, volvía a escuchar las demandas de la población y volvía a recordarles su único compromiso: pelear por el agua. Con esa sola promesa ganó las elecciones.

Sin embargo, esa sola promesa es un problema. Al menos para el Gobierno: dos de sus cinco grandes proyectos de desarrollo minero, catalogados como “de interés nacional”, se encuentran en esta provincia. Ambos por encima de los 3.750 metros sobre el nivel del mar, en los páramos de Molleturo y Kimsacocha. Pero los páramos andinos son zonas de recarga hídrica. En otras palabras: fuentes de agua. Para Yaku Pérez, un abogado con posgrado en Gestión de Recursos Hídricos, pero, básicamente, un campesino, “pelear por el agua” significa oponerse a las mineras. Fue él quien impulsó la reciente consulta popular en el cantón Girón, en la cual se preguntó a los electores si estaban de acuerdo en instalar proyectos mineros en Kimsacocha. El 87 por ciento dijo “No”.

“Fue un golpe a la minería en el Ecuador”, dijo el ministro de Energía y Recursos No Renovables, Carlos Pérez, sobre los resultados de esa consulta. La Cámara de la Minería prendió las alarmas ante el justificado temor de que la experiencia se repita en otros cantones. El ministro los tranquilizó: “en el país -dijo- va a haber minería sí o sí”. Entonces el nuevo prefecto se puso a trabajar a fondo en su golpe de gracia: la consulta provincial. La pregunta, esta vez, buscará una respuesta positiva: ¿Está de acuerdo con prohibir la actividad minera en zonas de recarga hídrica y fuentes de agua en toda la provincia?

En Cuenca el tema no deja indiferente a nadie. Una ciudad de 500 mil habitantes con cuatro ríos limpios es un caso raro en cualquier lugar del mundo. Las riberas han sido protegidas y el sistema de parques lineales resultante es el principal pulmón de la ciudad y uno de sus mayores atractivos turísticos. En las escuelas, los niños de sexto grado participan en el programa de protección ambiental Agua para Todos, organizado por el Municipio: los llevan a los páramos, les enseñan los rudimentos de la ecología y los capacitan como “guardianes del agua”. Aquí, hasta en la marcha del Día del Trabajo la mayoría de consignas que repiten los carteles no son reivindicaciones sindicales: son llamados a proteger el agua. Hay una conciencia ambiental en la ciudad que favorece los propósitos del nuevo prefecto.

Pero sin consulta provincial no hay paraíso. La victoria de Girón puede verse empañada por un capricho geográfico: el páramo de Kimsacocha no pertenece solamente a ese cantón, sino que se extiende también por los territorios de Cuenca y San Fernando. A la minera, la canadiense INV Metals, le bastaría con trasladarse unos centenares de metros para seguir adelante con el proyecto.

Ahora Yaku Pérez vive el tránsito del activismo social a la política real. Si para la consulta de Girón tuvo que recoger las firmas del diez por ciento del padrón, para la provincial le espera un camino quizá menos extenuante pero, sin duda, más tortuoso: la negociación política. La Constitución faculta al prefecto a convocar a consulta popular con el apoyo de las tres cuartas partes del gobierno provincial, conformado en este caso por quince alcaldes y siete representantes de las juntas parroquiales. Así que, al día siguiente de ganar las elecciones, Pérez ya estaba de vuelta por la carretera, visitando a los recién electos para asegurar su apoyo.

Reunión cumbre de autoridades locales en San Fernando. El joven alcalde de ese cantón, Claudio Loja, de Alianza PAIS, recibe al nuevo prefecto y a los presidentes de las juntas parroquiales de Chumblín, La Asunción, San Gerardo... Ha preparado un lugar espectacular para la pambamesa con que rinde homenaje a sus visitantes: la recién construida hostería Intihuatana, una magnífica construcción de madera y piedra en la orilla de la enigmática laguna de Busa, al pie del imponente farallón del cerro San Pablo. El paisaje es sobrecogedor. Pérez aprovecha la ocasión para desempolvar el mito ancestral que atribuye a Busa la condición de cuna de la cultura cañari: “Venimos del agua”, dice. Loja le habla de los proyectos turísticos que se podrían desarrollar en semejante paraíso; Pérez asiente, elogia la hostería y recuerda que el agua de la laguna viene, precisamente, de Kimsacocha. Juntos recorren caminos de tierra casi impracticables que el alcalde aspira a ver por lo menos lastrados; visitan el reservorio de Zhuno, desaprovechado por falta de infraestructura; ríen, bromean, comparten el cuy y las papas, se comprometen. “Claro que me opongo a la minería”, termina declarando el alcalde de San Fernando. Y así va Yaku Pérez, juntando voluntades de parroquia en parroquia.

Mientras tanto, el páramo de Kimsacocha, esa vasta extensión de humedales sobre el lecho de un antiguo cráter volcánico, esa esponja natural que capta la humedad del aire y bien podría catalogarse como una auténtica fábrica de agua, espera la decisión de los políticos. Para llegar a estas alturas hay que atravesar un escarpado piso ecológico poblado por uno de los últimos bosques primarios de la Sierra ecuatoriana, un denso follaje de árboles nativos. Aquí crecen el duco con sus flores rojas, blancas y amarillas; el quishuar, cuyo néctar atrae a las abejas; el huahual de hojas ovaladas y bayas carnosas; el zhiripe, cuyas hojas bien cocidas utilizan las matronas para aliviar los cólicos femeninos; la quinua roja o polylepis, de corteza desprendible como las páginas de un libro... Especies que alguna vez se extendieron por las estribaciones de toda la cordillera, sobre los 3.300 metros, y hoy ceden su terreno a los eucaliptos y las coníferas importadas. Difíciles de encontrar, prosperan aquí gracias a los torrentes de agua que se precipitan desde el páramo y terminan alimentando hasta trece microcuencas hidrográficas: unas que caen a la Costa, hacia el río Rircay, y de ahí a la cuenca del Jubones; otras, hacia el este, forman los ríos Tarqui y Yanuncay, dos de los cuatro que atraviesan la ciudad de Cuenca, y terminan en el Amazonas.

Arriba, al filo de los 4 mil metros, un muro de piedra que los comuneros han echado abajo y la minera ha vuelto a levantar una y otra vez, una y otra vez, advierte con un gran letrero: “Propiedad privada, prohibido el ingreso”. Para Yaku Pérez y su gente se trata de una usurpación: él exhibe unas gastadas escrituras, del año 1891, que certifican la adquisición de esos terrenos por los pobladores de San Gregorio, la última parroquia de Girón en la subida a Kimsacocha. Para ellos, esas escrituras son más valiosas que todos los regalos que les han ofrecido los funcionarios de la minera: mangueras y herramientas para trabajar el campo, computadoras, hasta una planta potabilizadora a cuenta de las regalías. En San Gregorio el “No” en la consulta arrasó y sus pobladores reciben a Yaku Pérez como un héroe. Lo llaman “doctor” y lo escuchan como a un líder. El nuevo prefecto percibe esta efervescencia, que se repite en todas las parroquias, y siente que la consulta provincial está ganada.

Yaku Pérez: “Sobre fuentes de agua no hay minería responsable”

- Como prefecto, exige usted el pago de 50 millones de dólares que el Gobierno central adeuda a la provincia. Al mismo tiempo, se niega al desarrollo de los proyectos mineros en Azuay. ¿No es una contradicción?

- Para nada. Los 50 millones corresponden a la venta de las acciones de las eléctricas. Es una obligación establecida en la ley del sector eléctrico, pues la prefectura del Azuay tenía acciones en Elecaustro y en la Empresa Regional Centro Sur. De otro lado, me opongo a la minería porque los azuayos me eligieron para defender el agua y para ir a una consulta popular para quedar libres de minería metálica en fuentes de agua, en zonas de recarga hídrica. No es una contradicción. Las regalías de la minería son pingües negocios para las corporaciones y dejan migajas para los pueblos. Es un gran mito que con los recursos de la minería se va a solventar la crisis, no ocurre en ninguna parte del mundo. Quizás en Chile y en Noruega, con el petróleo, pero en el resto de casos la megaminería solo ha dejado confusión, despojos, violencia, corrupción, criminalización, asesinatos...

- La prohibición de la minería formal, ¿no genera el riesgo de que se desarrolle una minería informal incontrolable que, por ejemplo en Buenos Aires, provincia de Imbabura, ya ha producido graves problemas ambientales y sociales?

- Tanto conflicto social produce la minería informal en Buenos Aires como la formal en Cóndor Mirador. No aceptamos ninguna de las dos. No hay que dejarse llevar por estos eufemismos que nos dicen que la minería responsable es sustentable y es la solución. Queremos categóricamente decir: ni minería formal ni informal, ni pequeña, ni mediana ni grande debe estar en fuentes de agua. No hay minería responsable sobre las fuentes de agua. Esas fuentes no nos pertenecen, son prestadas de nuestros hijos.

- ¿Si las minas no estuvieran sobre las fuentes de agua, se seguirían oponiendo?

- En el Azuay existen proyectos sobre los 3 mil metros, otros sobre los 3.500. Kimsacocha está sobre los 3.750. Río Blanco, algo similar. Otras concesiones que se encuentran sobre los 2.800 metros. Hay una en las goteras de Cuenca, en Sústag. Otra en Machángara. Lo que fundamentalmente defendemos son las fuentes de agua: zonas de recarga hídrica, humedales, pajonales, páramos. Si encuentran otros lugares que no sean aquellos y si hacen estudios de impacto ambiental, cosa que va a ser bien difícil, no tendremos problema.

- El cierre de los proyectos ya concesionados podría ser muy costoso para el país. ¿Se ha puesto a pensar que las empresas mineras pueden exigir indemnizaciones del Estado?

- Las empresas mineras no tienen autoridad moral para demandar al Estado ecuatoriano porque ellas no han cumplido con los estándares ambientales. En el caso de Íntag y de Kimsacocha, la Contraloría determinó una gran cantidad de irregularidades. Está por salir el informe sobre Río Blanco y esto va a repetirse. Aquí la minera está metida en zonas de amortiguamiento del parque nacional El Cajas. También hay un informe negativo de Contraloría en el caso de Mirador. En todas las concesiones donde la Contraloría ha hecho auditorías, ha encontrado pus. Recordemos que la Constitución es absolutamente clara: hay el derecho de repetición. Si las empresas, en el peor de los casos, demandan al Estado ecuatoriano, el Estado ecuatoriano tiene derecho de repetición contra los funcionarios responsables, incluyendo los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas. Hay predeterminaciones contra la señora Marcela Aguiñaga, que era ministra del Ambiente y tenía que controlar que los proyectos cumplan los estándares ambientales. Lastimosamente, en el Ecuador y en el mundo, las peores instancias de control y protección ambiental son las del Estado, porque ahí funciona el billete.