Jonathan Murillo es dueño de tres locales comerciales en la Etapa XIII de la ciudadela Alborada. Vive en ese lugar hace veinte años y nunca tuvo inconvenientes con ninguna entidad hasta junio del año pasado.

Alquiló sus locales y cuando los nuevos inquilinos intentaron sacar los permisos de funcionamiento se encontraron con la noticia de que debían cambiar el uso de suelo de residencial a comercial.

“Me dijeron que mi casa no cumplía con los reglamentos necesarios, adaptamos la vivienda siguiendo todas las instrucciones, pero luego me dijeron que tenía que hacer un parqueo para cinco vehículos. ¿En qué espacio si solo tengo la calle?”, se pregunta el comerciante.

Una situación similar está viviendo Marcos Villegas, morador de la Etapa XI. Él tiene dos locales y uno fue clausurado. “Al principio nos pedían planos y se los dimos. Luego los parqueos y el proceso se alarga porque cada vez que va un inspector encuentra algo más que hay que cambiar”, menciona.

Villegas también recalca que su local está en una avenida 100 % comercial y que no deberían ponerles tantas trabas.

Al igual que ellos y otros comerciantes de ciudadelas del norte de Guayaquil, cuyos testimonios fueron publicados por EXPRESO la semana pasada, existen más de 10.000 casos ingresados en el departamento de Urbanismo del Municipio que actualmente están paralizados, según datos de la agrupación Punto Urbano Guayas, conformada por arquitectos e ingenieros constructores que realizan los trámites en el Cabildo.

El gremio ha enlistado una serie de “irregularidades” que se presentan en medio de la gestión de cambiar el uso de suelo de residencial a comercial. “En primer lugar es una ley retroactiva. Nos piden modificaciones de casas que han sido construidas hace 30 años, de casas que no tienen más espacio. Piden parqueos, estudios de desechos sólidos”, explica el arquitecto Juan Moeses, coordinador de Punto Urbano.

Según Moeses, hasta el alcalde Jaime Nebot les ha dado la razón cuando han enviado quejas sobre el sistema. “El alcalde nos contestó y le dijo al director que realice las correcciones necesarias, pero esto nunca se hizo. Las construcciones están paralizadas”, enfatiza.

La agrupación dice que maneja casos en los que ya llevan un año intentando regularizarse, pero siguen estancados en el primer paso. “Cada mes los dueños tienen que ir a indicar por dónde va el trámite para que no los multen. Muchos creen que somos nosotros los que no queremos solucionarles y nos quieren demandar”, acota Moeses.

Petición del gremio

Reformar la ordenanza

Punto Urbano Guayas pide al Municipio que modifique la ordenanza que regula los locales comerciales de Guayaquil. Según ellos, el Cabildo debe hacer un censo catastral y regularizar los predios como han sido construidos.

“Está bien que quieran ordenar la ciudad, nosotros no nos negamos. Lo que deben darse cuenta es el daño que le están haciendo a los comerciantes. La ordenanza debe aplicar para las nuevas construcciones”.