La Constitucion entro a debate

Debate constitucional en la Asamblea: con la iniciativa de Héctor Muñoz (SUMA) se inició la cuenta regresiva para la reforma o eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Salvo los correístas y algún oficialista que se les ha unido, nadie en este Pleno parece dispuesto a jugárselas para defender la facultad de ese organismo para nombrar a las autoridades de control. Perezosamente se ha comenzado a discutir sobre el mejor mecanismo para acabar con ella (o con el CPCCS en sí, como quieren algunos). Sin embargo, el proceso de reforma arrancó ya y no será el Pleno, será la Corte Constitucional el organismo que decida la forma.

Se discute el proyecto de resolución de SUMA, que restituye las facultades nominadoras del CPCCS a la Asamblea (como ocurre en la mayoría de las democracias del mundo) y propone la vía de la reforma parcial a la Constitución: dos debates, pronunciamiento de la Corte Constitucional y consulta popular aprobatoria. El primer debate, que se prolonga ya por dos jornadas y continuará la próxima semana, alcanzó ayer altas cotas de crispación política. Hubo cruce de acusaciones entre los correístas y el resto del mundo; adjetivos gruesos lanzados como proyectiles; ajuste de cuentas por los pecados cometidos, que son hartos y vistosos... Pero en medio de tanto oropel retórico, las posturas de fondo van quedando claras.

A la correísta Marcela Aguiñaga la bajaron por un tubo. “No se puede iniciar una reforma de la Constitución a través de una resolución”, dijo calzándose sus mejores gafas de jurista. Héctor Muñoz se limitó a leerle el artículo 442 de la Constitución, que dice precisamente lo contrario. Por lo demás, la tesis correísta sostiene que privar al CPCCS de sus facultades nominadoras implica una restricción de derechos para la ciudadanía y que, por tanto, se necesita de una asamblea constituyente para hacerlo. A esta teoría le salió una defensora en el oficialismo: Silvia Salgado, quien se presentó ayer en el Pleno con el traje de soldado de Montecristi. “Esta Constitución fue un verdadero pacto social”, dijo, y desconoció la facultad de los asambleístas, “por más electos que seamos” para tocar al CPCCS.

Cosa extraña: este pobre concepto de la Asamblea es compartido por algunos de sus miembros. La también oficialista Ximena Peña, por ejemplo, defendió la permanencia del CPCCS invocando “El derecho de los ciudadanos a tener una función que los represente”, como si la Función Legislativa no fuera, precisamente, eso. Ella propuso un extraño “método híbrido” (son sus palabras) para la nominación de autoridades de control: que el CPCCS nombre a las ternas por concurso y que las remita a la Asamblea.

Tampoco Wilma Andrade, del Bloque de Integración Nacional (BIN), confía en el Legislativo. Por ello pone reparos a la idea de una reforma constitucional que conduzca al referéndum. “Las consultas populares -argumentó- se toman como un voto de confianza a la institución que las promueve”. Y como la Asamblea, dijo, está desprestigiada, es muy posible que se pierda esa consulta. Por eso su bancada propone una enmienda, que se apruebe directamente por el Pleno en dos debates: entre el primero y el segundo debe mediar un año.

La postura más radical en lo que va del debate corresponde a los asambleístas de CREO. Ellos, siguiendo el ejemplo de Mae Montaño, su excompañera de bancada, apuestan por la eliminación total del CPCCS. CREO defiende, además, un paquete completo de reformas constitucionales que incluye otros temas: voto opcional en lugar de obligatorio; disminución del número de asambleístas; reconocimiento de soluciones arbitrales en los tratados comerciales internacionales, entre otros.

El reloj está en marcha y ya no se detiene. Una vez concluido este primer debate deberán transcurrir noventa días para que se convoque al segundo. El desafío: integrar en el proyecto de resolución las otras propuestas de reforma provenientes de CREO, el BIN y la presidenta Elizabeth Cabezas. Luego la Corte Constitucional marcará el camino.