Consorcio Oro Negro ensucia a Vanegas

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Consorcio Oro Negro ensucia a Vanegas

La Fiscalía indaga un posible tráfico de influencias. Desde 2015 había irregularidades

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Vanegas. Antes de llegar a la Asamblea con Pachakutik fue candidato del Partido Roldosista Ecuatoriano. 08 de agosto del 2021. HENRY LAPO Agencia (ag-extra ag-expreso ag-quito)Henry Lapo / Expreso

A través de dos oficios, el Servicio de Contratación Pública (Sercop) intentó parar una licitación, que ya para 2015 se sospechaba turbia y que hoy, seis años después, involucra el asambleísta Ricardo Vanegas (de Pachakutik).

Era el 22 de diciembre de 2015 y el Sercop le dirigió una comunicación al entonces gerente de Petroecuador, Alex Bravo, hoy preso por corrupción. Le decía que justificara de forma técnica el incremento de $ 5 millones en el valor referencial de una licitación en la que se debía escoger a una compañía que diera seguridad a las 417 instalaciones de la estatal petrolera.

Unos días antes, el 2 de diciembre, Petroecuador publicó el proceso de licitación denominado LS-007-EPP-LAB-2015, con presupuesto referencial de $ 34,2 millones. La convocatoria no estuvo ni una semana abierta e inmediatamente fue declarada desierta.

El 7 de diciembre se abrió un nuevo proceso de licitación, el LS-008-EPP-LAB-2015, con un presupuesto referencial de $ 39 millones. ¿A qué se debía la diferencia? Hasta la fecha, Petroecuador sigue sin justificarlo ante el Sercop, que además ordenó la suspensión de la licitación, pero eso no pasó.

Al contrario, Petroecuador siguió adelante. El 3 de marzo de 2016, Michael Manzano, entonces subgerente de Logística y Abastecimiento, le adjudicó $ 38,2 millones al Consorcio Oro Negro, constituido un mes antes y cuyo nombre evoca la bonanza del petróleo.

Este consorcio está formado por la compañía A. E. S. M. Asesores Especialistas en Seguridad y Monitoreo Cía. y Sefiem S. A., cuyo principal accionista es el legislador Vanegas.

Hasta aquí el caso no pasaría de ser una infracción al artículo 102 de la Ley de Contratación Pública sobre la necesidad de paralizar los procesos cuando hubiera inconsistencias. Sin embargo, las irregularidades en la contratación son motivo de dos investigaciones: en la Fiscalía General y en el Departamento de Justicia de EE. UU.

En la Fiscalía se indaga un posible tráfico de influencias. La hipótesis es que desde Petroecuador se direccionó la adjudicación a cambio de coimas, ya que el consorcio no reunía todos los requisitos solicitados.

Esto se habría dado gracias a que el presidente de la Comisión Técnica, Segundo Carrasco, recomendó al Consocio Oro Negro, a pesar de que durante la licitación se evidenció que no contaba con el equipamiento.

Los auditores hallaron facturas con las cuales Oro Negro adquirió bicicletas, chalecos antibalas, calzado, uniformes, equipos y más materiales después de firmar el contrato. Por ejemplo, los chalecos antibalas fueron entregados en junio de 2016.

Dentro de la Asamblea, el caso es conocido por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. El primer dato que saltó es el monto de los contratos para el Consorcio Oro Negro. Después del primero, por $ 38,9 millones, en 2018 se firmaron cuatro acuerdos complementarios por $ 51 millones y convenios de pago por $ 20,3. Esto dio un total de 72,3 millones.

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Fuente: Sercop y PetroecuadorExpreso

Los últimos desembolsos al consorcio se dieron cuando Pablo Flores era gerente de Petroecuador, y José Raúl De la Torre, su asesor.

Este último informó a la justicia norteamericana que se cobraban coimas a la compañía.

Para Vanegas, en esta contratación no hay nada ilícito. A través de su asesora informó que no hablaría con este Diario, pues está ocupado con el juicio político del defensor del Pueblo. Sin embargo, en entrevistas a otros medios argumenta que él no era asambleísta cuando se adjudicó la licitación a Oro Negro y que nunca ha pagado sobornos. Ha dicho que el consorcio ganó la licitación en 2016 tras competir con otras cuatro empresas, pues presentó la mejor oferta. Y que la Fiscalía no lo indaga.

En cambio, la defensa de Bravo señaló que no tiene autorización para hablar del tema. Y Manzano está prófugo.

  • EL DETALLE 

Expediente. En 2017, el Consejo de Participación Ciudadana denunció a Alex Bravo y Michael Manzado por esta contratación.