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El Consejo de las mentes ratoniles

La Corte Constitucional destituyó, por fin, a los siete integrantes del CPCCS. En el quinto poder del Estado no queda nadie

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Mayoría. Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa y Francisco Bravo... Ellos y los tres de minoría fueron destituidos por inoperantes.Archivo

Los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana destituidos esta semana por la Corte Constitucional (¡al fin!, ¡todos!) se dividen en dos grupos: cuatro que entorpecieron la elección de un nuevo presidente del Consejo de la Judicatura y tres que no hicieron nada para evitarlo.

El origen de esta historia es, como siempre, una leguleyada artera. El 2 de febrero de 2022, María del Carmen Maldonado renunció a la presidencia del Consejo de la Judicatura y un informe de la dirección jurídica de ese organismo impidió que fuera reemplazada por su alterno, Francisco Román, con el maravilloso argumento de que este “no provino de la terna”. En su lugar, Fausto Murillo fue designado presidente provisional hasta que el CPCCS eligiera otro, cosa que nunca hizo. Casi un año después, ahí seguiría Murillo, hasta mayo próximo, si no fuera por la Corte Constitucional. En el intermedio: la más desopilante concatenación de sapadas, vivezas criollas, mezquindades y retorcidas estrategias paridas por mentes ratoniles y taimadas, con el objetivo de pasarse por el forro la Constitución, primero, y una sentencia de la Corte Constitucional, después, sin ensuciarse las manos.

Cuando la Corte Constitucional intervino en el asunto, el CPCCS había rechazado ya dos ternas enviadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia; y Francisco Román, el alterno burlado, había presentado una acción extraordinaria de protección. El 26 de septiembre pasado, la Corte Constitucional concedió a Román parte de lo que pedía: ordenó a Fausto Murillo ofrecerle públicas disculpas y pagarle 5 mil dólares por el daño producido; y al CPCCS, proceder de inmediato a la elección de un nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Murillo se disculpó, pagó y siguió siendo presidente, muerto de la risa. En cuanto al CPCCS... Bueno, el CPCCS hizo lo que se le pedía: procedió de inmediato.

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Lo mejor del fallo que publicó la Corte Constitucional esta semana (en realidad, un “auto de verificación de sentencia”, es decir, un seguimiento) es que nadie se lo esperaba. Ni los consejeros de mayoría, que estaban seguros de tener en orden todas sus coartadas, ni los de minoría, que creían que el haber dado un paso al costado les libraba de toda culpa. El fallo contiene tres palabras que estaban por fuera de los cálculos de unos y otros. Esas palabras son “obligación de resultado”. Para los hoy destituidos consejeros del CPCCS daría igual si estuvieran escritas en chino.

Cuando la Corte Constitucional le ordena elegir a un nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, el presidente Hernán Ulloa cree que su obligación consiste en emprender una serie de enrevesados trámites que él se toma la libertad de enrevesar aún más y que pueden o no culminar con la efectiva elección de un nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Lo que importa es el procedimiento, aunque no sirva para nada. Para la Corte Constitucional, en cambio, lo relevante es la “obligación de resultado”.

Lo primero que hicieron Ulloa y sus tres cowboys de la mayoría cuando la Corte Constitucional les ordenó elegir un nuevo presidente del Consejo de la Judicatura (para entonces han transcurrido ya seis meses de infructuoso papeleo y dos ternas han ido a parar al tacho de basura) es reformar el reglamento para la elección de presidente del Consejo de la Judicatura con el único fin de no elegirlo nunca. El nuevo reglamento codificado omitía fijar plazos en algunas etapas del proceso (como la conformación de una comisión técnica, por ejemplo) y permitía al CPCCS dar por concluido el trámite sin necesidad de llegar a resultado alguno. Se abría la posibilidad de continuar pidiendo nuevas ternas a la Corte Nacional al infinito, y eso es exactamente lo que Ulloa y sus muchachos estaban haciendo.

La tercera terna llegó en noviembre y los consejeros de mayoría la descalificaron porque dos de sus tres integrantes, supuestamente, incumplían con uno de los requisitos. ¿Qué requisito era ese? Presentar una declaración juramentada de no haber ejercido nunca un cargo designado por el CPCCS. Habría bastado con un clic para comprobarlo, al fin y al cabo, el CPCCS son ellos. El Pleno, sin embargo, optó por el camino largo, no se vaya a decir que no cumple con los procedimientos: consultó a la Comisión Técnica. La Comisión Técnica se tomó su tiempo. Finalmente, recomendó que se pida la opinión de la secretaría general. Para cuando la secretaría general dijo que no había ningún problema, la Corte Nacional de Justicia había enviado ya un alcance de su documentación certificando lo propio, pero el Pleno consideró que ya era tarde. Descalificó la terna y pidió otra. Por la jeta.

El 1 y 2 de enero de 2023, luego de dar el esquinazo a la veeduría ciudadana, el Pleno conoció la cuarta terna y, en aplicación de las reformas al reglamento tan oportunamente aprobadas en octubre, decidió que no había nada que decidir. Caso archivado en un ‘timing’ perfecto, pues al día siguiente, 3 de enero, los consejeros que postulan a la reelección (cinco de siete) entraban en licencia hasta el día de las elecciones. A Hernán Ulloa le tocaba convocar a sus alternos, pero por alguna extraña razón no lo ha hecho. El CPCCS (por si a alguien le quedaban dudas de su absoluta inutilidad) queda cerrado por temporada electoral. Y Fausto Murillo puede darse por prorrogado hasta mayo, cuando se posesionen los nuevos consejeros. “Obligación de resultado”: cero a la izquierda.

¿Y los tres consejeros de minoría? Con Sofía Almeida a la cabeza, ninguno de ellos asistió a las sesiones respectivas, con lo cual se creen libres de toda culpa. A sus comparecencias ante la Corte Constitucional llegaron todos pateando al perro y exigiendo sanción para los otros. Al fin y al cabo, habían justificado debidamente sus inasistencias. Almeida, por ejemplo, tuvo asuntos personales que resolver del 7 al 13 de octubre; también el 21 de diciembre, día de una sesión decisiva; del 28 al 30 de ese mes, cuando el Pleno se volvía a reunir, ella se enfermó; del 30 de diciembre al 6 de enero se enfermaron ella (otra vez), su esposo y sus hijas (vaya drama). A David Rosero, en cambio, lo operaron (de algo) el 25 de noviembre y le prescribieron reposo hasta el 9 de diciembre; con tal puntería que el 13 ya tenía vacaciones. La Corte Constitucional no comió cuento y, en aplicación del criterio de “obligación de resultado”, los encontró culpables por omisión y los destituyó también, como correspondía.

Ahora queda un CPCCS a medio gas, con dos suplentes que posesionó la Asamblea y otros cinco que no ha querido posesionar, no vaya a ser que jueguen en contra de la mayoría correísta y socialcristiana que ha estado esforzándose por recuperar el control del organismo tras bastidores. En conclusión, no hay CPCCS. ¡El quinto poder del Estado se esfumó en el aire por disposición judicial e intolerancia de sus integrantes! Ahora el país se apresta a elegir otro, vaya a saber por qué.

  • La sorpresa. Lo mejor del fallo que publicó la Corte Constitucional esta semana, en el cual destituye a los siete integrantes del CPCCS por inoperantes, es que nadie se lo esperaba.

  • Resultados. Tres palabras del fallo de la Corte Constitucional son chino para los integrantes del CPCCS: “obligación de resultado”. Para ellos, el procedimiento cuenta más que el resultado.

Una colección de absurdos

Las propuestas para solucionar la crisis institucional que plantearon los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana ante la Corte Constitucional son una insólita colección de balandronadas inaplicables, absurdas o directamente ilegales que los retratan de cuerpo entero. María Fernanda Rivadeneira, por ejemplo, pide que la Corte Constitucional suspenda temporalmente las licencias que los cinco consejeros candidatos recibieron para hacer su campaña electoral. Así, piensa ella, podrán reunirse y elegir a un nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, cosa que no han hecho en todo el año. Francisco Bravo, en cambio, propone que la Corte ordene al CPCCS reconsiderar las decisiones que no tomó. Hernán Ulloa bate récords: quiere que se elija presidente del Consejo de la Judicatura por sorteo público.