Confuso panorama preelectoral

Entre las paradojas que describen el estado de confusión en que permanecen inmersas buena parte de las organizaciones político-partidistas, la vinculada a las futuras elecciones presidenciales resulta de lo más llamativa.

Todas las organizaciones aceptan que es difícil vencer a las actuales fuerzas en el poder. Admitiendo su debilitamiento, no dejan de advertir que si permanece la amplia fragmentación de estos días y no se logra un aglutinamiento que garantice una mayor posibilidad de victoria, esta no ocurrirá. Pese a ello, en la actualidad se trabaja en distintos frentes (al menos son visibles cuatro de ellos), por lo que precisamente cuatro candidaturas lucen “inevitables”. De modo que el pastel electoral deberá repartirse entre cinco aspirantes. Quien posea, por tanto, un consolidado 25 % de las preferencias durante la primera vuelta, podrá alzarse con el triunfo durante la segunda.

Incluso reconociendo que, de momento, el trato entre los diversos aspirantes es más bien aceptablemente civilizado, entre líneas se adivina la posibilidad de que un desaforado canibalismo pueda desatarse y ello, obviamente, apoyaría los esfuerzos de la campaña oficial.

A este panorama desfavorable hay que sumarle el hecho de que se sigue insistiendo en la ausencia de idoneidad del actual Consejo Nacional Electoral, dada la integración de sus miembros, que le confiere la apariencia de un organismo gubernamental antes que la de una función imparcial y objetiva en capacidad de llevar adelante un proceso electoral ejemplarizador.

Por lo mismo se plantea la necesidad de contar con observadores, ya que simultáneamente se descalifica la calidad del padrón electoral, pues se hacen evidentes sus fallas, tal cual la de incluir los nombres de votantes ya fallecidos o personas de hace más de un siglo de nacidas, entre otros múltiples cuestionamientos. Además, la posibilidad de que se instalen equipos para receptar electrónicamente los votos está sujeta a todo género de dudas o suspicacias. Sin embargo, el propósito persiste entre los encargados de llevar adelante el proceso.

Por último, como si fuera poco, se condena el uso de recursos oficiales para hacer campaña electoral, pero se admite cotidianamente que así ocurra, violentando la Constitución al aceptar cambios de última hora en las reglas del juego.

Con todo esto por delante, cabe preguntar: ¿es coherente evidenciar voluntad de participación?