El Gobierno se queda solo. En la recta final antes de la entrega del poder, el enfrentamiento violento entre uniformados e indígenas por la defensa de un territorio minero chino en el Oriente ecuatoriano revive las tensiones en las tarimas y amenaza con trasladarse a las calles.

Una vez que el presidente Rafael Correa cerró las posibilidades de un espacio al diálogo, al menos mientras no se identifique a los responsables de la violencia; el brazo político de las comunidades shuar ha convocado a una manifestación en “toda la Amazonía y el país”.

Agustín Wachapá, la voz shuar a cargo de la convocatoria, ha dejado las medias tintas en el tintero. Sus acusaciones, dirigidas al presidente Correa, condenan las “balaceras” contra su comunidad, la declaratoria “del estado de excepción y guerra entre ecuatorianos” y eleva la confrontación para tildar al presidente como “el más corrupto de la historia”.

A su lado, sin concertación previa, han cerrado filas todos los partidos políticos aspirantes a Carondelet, críticos con la gestión del conflicto en Morona Santiago, que dejó un muerto y siete heridos.

Guillermo Lasso (CREO) ha acusado al Gobierno de “tomarse territorios por la fuerza” para generar desarrollo; Paco Moncayo (ID) ha llamado al Gobierno a “entender el punto de vista de las comunidades indígenas; su cosmovisión”; Patricio Zuquilanda, de Sociedad Patriótica, con presencia relevante en el Oriente, ha acusado al Ejecutivo de hacer “uso extremista de la fuerza” y “violar las Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos”; el exfiscal general Washington Pesántez (Unión Ecuatoriana) ha señalado la incongruencia de un Estado que “en vez de defender a los ciudadanos, defiende los intereses de una minera”; y el candidato Dalo Bucaram (FE) no dudó en resumir el conflicto a una sentencia: “el correísmo solo piensa en el dinero”.

Ha sido, sin embargo, la socialcristiana Cynthia Viteri quien ha llevado la crítica un paso más allá. La exlegisladora recordó la condición saliente del presidente Correa y soltó la advertencia: “tendrá que responder ante la justicia, los reprimidos y sus familiares, por las consecuencias de sus equivocadas decisiones”.

Ante un coro agresivo de voces críticas, el oficialismo, poco acostumbrado, se ha abrazado a quien de momento es su único aliado en la tarea de construir un mensaje diferente, donde los indígenas, acusados como responsables de la muerte de un policía, cargan la culpa. Esa voz solitaria es la de la Federación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, cuyo portavoz Felipe Tsenkush pidió ayer “disculpas” al Gobierno por la muerte del uniformado en Panantza.

De momento, el estado de excepción se mantiene, la zona es controlada por militares y los indígenas se preparan para una nueva ola de protestas.