Se les agota la paciencia. Tras la publicación de una investigación de EXPRESO que devela las irregularidades que existen en la adquisición y uso de radares en el país, las asociaciones de transportistas prevén reunirse a puerta cerrada para analizar el tema; pero a la par esperan que el Gobierno, a través de sus instituciones, audite los equipos que, a decir de ellos, lo único que han hecho y hacen con su uso es “meternos la mano al bolsillo para robarnos”.

Es el criterio de inconformidad y rechazo de Napoleón Cabrera, procurador común de la Transportación Ecuatoriana y presidente de la Federación de Transporte Liviano Mixto y Mediano del Ecuador, quien declaró a este Diario que, hoy por hoy, los transportistas son víctimas de dos tipos de delincuencia: “la común, cuando los conductores son asaltados por criminales, y la formal, a través de estos radares. Estos equipos deben ser dados de baja”.

INVESTIGACIÓN

• Alcolisti S. A. es la empresa que ha ganado 95 contratos para proveer equipos como radares en el país; 35 corresponden a adquisiciones hechas, entre abril del 2015 y agosto de este año, por la ATM de Guayaquil, que representan $ 45,3 millones. Es decir, la entidad municipal es el principal cliente estatal de esta firma.
•  En la ficha técnica del fabricante de los fotorradares que Alcolisti S. A. comercializa en el país, se lee que la “precisión de velocidad típica” o margen de error es de +/- 10 %. Sin embargo, en el 2020 la empresa Alcolisti S. A. reportó a la ATM de Guayaquil que ese mismo modelo tiene +/- 2 % de precisión.
•  La recaudación de las multas por exceso de velocidad ha significado ingresos millonarios a la ATM, según un cálculo de este Diario, ante la falta de cifras monetarias que fueron solicitadas al área de prensa de la ATM. Desde agosto del 2015 hasta octubre pasado, se multó a 527 mil personas, lo que representaría $ 62,5 millones.

Napoleón anunció que “si el Gobierno no hace nada”, tomarán medidas radicales. “Vamos a paralizar actividades, vamos a decirles ‘basta’ a estos señores”.

La investigación que exige Cabrera se suma a la toma de acciones “urgentes” que Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros, considera que deben ejecutarse, hasta que el uso de los fotorradares ofrezca garantías.

“La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) debe detener de oficio la emisión de nuevas multas, como medida cautelar urgente. Hasta eso, deben investigar la compra e instalación de estos radares”, expresó Gómez, quien recalcó que pese a no estar en contra del uso de los radares en el país, considera que estos tienen un objetivo distinto. “Los están utilizando como una medida recaudatoria, perjudicando el bolsillo del ciudadano. Olvidan que este sistema es un método preventivo para bajar la accidentalidad y ayudar a la seguridad vial”.

Criterio que comparte Pablo, taxista informal, al referirse al uso de radares en Guayaquil: “Los radares son una nueva manera de hacer negocio. No están siendo utilizados para prevenir accidentes, sino para sancionar y quitarnos plata”. Y añadió que la autoridad de tránsito debería suspender el uso de radares y “buscar otra forma de regular el tránsito”.

La inconformidad de los gremios de transportistas y conductores está a la espera de una respuesta o acción por parte de las autoridades de Tránsito, dijo George Mera, presidente de la Unión de Taxistas del Guayas. De no existir un diálogo que responda las inquietudes que rondan en la agrupación sobre el correcto mantenimiento de los equipos y su instalación técnica, adelantó que los gremios tomarán acciones para “que se respete la decisión del pueblo”.

Hasta eso, Mera manifestó que no deberían usarse los radares hasta que una empresa especializada verifique su correcto uso y mantenimiento, y emita una nueva resolución para que vuelvan a funcionar.