Probablemente será el primer caso por la trama de sobornos de Odebrecht, denunciada en diciembre de 2016 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que llegará a tribunales.

Se trata del expediente abierto por la Fiscalía para investigar un presunto lavado de activos. Los principales sospechosos son el exministro de Electricidad Alecksey Mosquera (detenido) y su tío político Marcelo Endara (con arresto domiciliario). A ellos se sumaron su padre Gustavo Endara (con arresto domiciliario) y su exsocio Santiago Játiva (fuera del país).

La instrucción fiscal concluyó el sábado. El siguiente paso en esta causa será que la Corte Nacional fije una fecha para la audiencia preparatoria de juicio. En ella el fiscal Carlos Baca Mancheno sustentará su dictamen.

Mosquera es sospechoso de haber recibido un millón de dólares de Odebrecht cuando aún era secretario de Estado.

Ese dinero estaría relacionado con la adjudicación del proyecto Toachi-Pilatón, adjudicado a Odebrecht en diciembre de 2007.

Inicialmente la sospecha de la Fiscalía fue que Mosquera recibió el dinero de la constructora brasileña en 2011 cuando ya no era funcionario. Su defensor Franklin Arévalo sostuvo que los recursos fueron el pago por una consultoría que hizo su cliente con Odebrecht.

En defensa de Mosquera salió el expresidente Rafael Correa quien dijo que “no es coima ni soborno porque no es funcionario público”. Insistió en que Mosquera era secretario de Estado desde julio del 2007 hasta julio del 2009.

Para el exmandatario se trató de un acuerdo entre privados. Pero, en la asistencia penal internacional, el principado de Andorra informó a la Fiscalía sobre el recorrido del dinero y que el destinatario final fue el exministro.

Los días 17 y 18 de agosto, antes que la instrucción concluya, Mosquera adjuntó información al proceso e hizo una serie de pedidos.

Uno de los elementos incorporados en defensa del exministro es un oficio del 26 de octubre de 2005 suscrito por un diputado de la Comisión de Fiscalización del entonces Congreso.

El documento de cuatro hojas, en su parte principal señala que el proyecto Toachi Pilatón se iba a financiar con inversión privada y sin endeudamiento público.

Mosquera señala que “se infiere con claridad que las negociaciones para la construcción del proyecto se inició desde el año 2005”.

Refuerza esa afirmación con dos publicaciones en el desaparecido diario Hoy y en El Comercio sobre la adjudicación del proyecto.

En el primero se cita al exprefecto de Pichincha Ramiro González quien habría señalado que el Ministerio de Economía dio el aval.

En la otra publicación se cita al entonces ministro de Economía Rafael Correa quien en su visita a Brasil “gestionó créditos por un monto aproximado de 270 millones de dólares”.

Con esos elementos la defensa de Mosquera “busca demostrar que el tema del Toachi Pilatón vino desde el tiempo de Rafael Correa” y que su cliente no tuvo responsabilidades en el caso.

Solís salió, González está en el país

El ministro del Interior, César Navas, confirmó que la policía lleva adelante la búsqueda de los exministros de Industrias, Ramiro González, y de Obras Públicas Walter Solís, investigados por corrupción.

Precisó que legalmente no se registra la salida de los dos exfuncionarios; sin embargo precisó que se “verifica” una información sobre la salida de Solís por Colombia. Aclaró que González estaría en el país. Al momento trabajan con las policías de Colombia y Perú en la búsqueda.