La Comisión Multipartidista que investiga el caso de la legisladora Sofía Espín, acusada de haber contactado a una detenida, sospechosa y testigo protegida en el caso Balda, recomendó su destitución, el sábado 20 de octubre de 2018.

Tras la lectura del informe de investigación, se concluyó “que la visita de la asambleísta a Diana F. se enmarca en el artículo 163 de la Ley de la Función Legislativa”, por lo que la Comisión recomendó al Pleno aplicar “la pérdida de la calidad de asambleísta” por supuesta incompatibilidad de sus funciones, informó la Asamblea Nacional desde su cuenta oficial de Twitter.

En su perfil de esa red social, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, anunció que se convocará al Pleno de la legislatura para conocer el informe de la comisión multipartidista, referente al caso de Espín, “quien también será escuchada en la sesión”.

Y consideró un intento de interferir en las decisiones de la Comisión a la medida cautelar presentada el viernes por la legisladora: “Nuevamente, la asambleísta Sofía Espín ha intentado interferir en las decisiones de la comisión, planteando una medida cautelar contra los asambleístas y la presidenta de la Asamblea de Ecuador”, dijo.

Espín, del autodenominado bloque de la Revolución Ciudadana, cercano a Correa, rechazó el sábado la recomendación de la Comisión pues, en su opinión es “ilegal, írrita, amañada y sin motivación legal”.

“Informe es otra violación a mis derechos constitucionales dentro de una cadena de violaciones en mi contra. No se respetó el debido proceso ni mi derecho efectivo a la defensa. Resolución es una patraña política, una vergüenza jurídica y es nula según la Constitución”, escribió.

La legisladora anunció que acudirá a instancias internacionales y defenderá su cargo de elección popular, “pues ellos no me lo han regalado; están violentando el derecho de cientos de miles de conciudadanos que me eligieron y cuya voluntad popular, hoy mañosamente se pretende avasallar”, agregó.

A principios de mes, Espín advirtió ya de una supuesta persecución política en su contra que creía que acabaría costándole su puesto.

“Hay una persecución al correísmo”, para impedir que el exmandatario, que reside en Bélgica, regrese a la actividad política en el país”, dijo entonces.

El escándalo y el proceso administrativo iniciado en la Asamblea Nacional, se da luego de que el pasado 24 de septiembre la funcionaria visitara en la cárcel a Diana F., vinculada al caso de secuestro del político Fernando Balda, en 2012 en Colombia, en el que se ha acusado a Correa como supuesto autor intelectual.

Espín rechazó la versión de que se entrevistó de forma subrepticia con la exagente, sospechosa y delatora del caso de plagio, que había advertido de una supuesta indefensión y pedido que una abogada de Correa, Yadira Cadena, la visitase en la cárcel.

La legisladora indicó que acompañó a Cadena en la visita a la mujer, con la que conversaron por quince minutos, bajo consentimiento y tras cumplir con todos los requisitos de ley.

Según una última versións, Espín y Cadena la contactaron en la cárcel y supuestamente le ofrecieron protección, asilo en Bélgica y hasta dinero a cambio de que se retracte de su testimonio en el que señala a Correa como la persona que supuestamente ordenó el secuestro de Balda.

Ella y otro exagente se encuentran detenidos tras haberse declarado culpables y acogido a un programa de colaboración eficaz con la justicia.

Este caso está en una fase de definición por parte del tribunal de la causa, que debe resolver sobre un pedido de la Fiscalía para que se enjuicie a Correa como autor intelectual del delito, así como a otros exfuncionarios.