En un ambiente caracterizado por una grande y creciente politización de la administración de justicia, era lógica una consecuencia inevitable: la judicialización de la política. Pareciera que, seguros de los resultados de las sentencias, todas las tensiones generadas por los ciudadanos que discrepan con el actual régimen y sus funcionarios, se intentan resolver amenazando con juicios o instalándolos.

Entre los muchos instaurados estos días, por ejemplo contra periodistas y medios de comunicación colectiva, la mayor parte de ellos motivados por presión surgida desde las más altas esferas de la función Ejecutiva, cabe destacar igualmente el que el contralor general de la República sigue contra los miembros de la Comisión Ciudadana Anticorrupción.

Integrada dicha Comisión por distinguidos ecuatorianos que durante el largo desempeño de diversas actividades públicas y privadas han evidenciado honestidad y patriotismo, ofende a la conciencia nacional observarlos asistir a juzgados a defenderse por haber sido acusados como calumniadores, en los años finales de su provechosa vida.

Y ofende más que el contralor reclame en su demanda indemnizaciones por valor de novecientos mil dólares, en razón de que pide cien mil dólares por cada uno de los miembros de la Comisión Anticorrupción, que son nueve, en vez de probar ante la opinión nacional que no hubo sobreprecio y que establecida una glosa de más de seis millones de dólares, precisamente por un funcionario de la Contraloría, “que no sabe si se ejecutó”, se instauró la correspondiente acción penal.

Siendo una responsabilidad de los ecuatorianos, establecida como mandato constitucional la de: “Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción”, desalienta el cumplimiento de ella el riesgo que corren quienes se atreven a hacerlo, en afán de “acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente”.

Cuando la corrupción es un azote que invade al país y al continente, que pocos se atreven a enfrentar, es digno de encomio el esfuerzo realizado por los miembros de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, que merece la gratitud nacional y, por supuesto, el pleno respaldo de quienes valoran su notable y patriótico esfuerzo.