Colombia firmó el renegociado convenio de paz con la guerrilla FARC para acabar medio siglo de confrontación, que probablemente será ratificado en el Congreso la semana próxima a pesar de la persistente oposición.

Casi dos meses después de que los colombianos rechazaran el acuerdo de paz en un plebiscito, el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las marxistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño (Timochenko), sellaron ayer con un “balígrafo” (una bala convertida en bolígrafo) el revisado pacto, en un austero acto.

Las 800 personas invitadas al clásico Teatro Colón de Bogotá contrastaban con la pompa de la firma anterior, el 26 de septiembre en la caribeña Cartagena frente a 2.500 invitados, entre ellos 15 jefes de Estado.

El texto, alcanzado el 12 de noviembre para incluir propuestas de la oposición tras el revés electoral del 2 de octubre, busca poner fin a un conflicto que ha dejado más de 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.

“Este nuevo acuerdo es mejor que el que firmamos en Cartagena. Es mejor porque recoge las esperanzas y las observaciones de la inmensa mayoría de los colombianos”, aseguró el mandatario.

Timochenko, por su parte, negó que se depongan posiciones ideológicas. “Solo ponemos fin de manera definitiva a la guerra, para confrontar civilizadamente las contradicciones”, dijo, al tiempo que propuso conformar un “gobierno de transición” para dar cumplimiento “cabal” al pacto.

Para muchas víctimas, como la excongresista secuestrada por las FARC, Consuelo González de Perdomo, esta es una “oportunidad grandísima” de reconciliación. La decisión, sin embargo, es cuestionada por opositores liderados por el expresidente y senador de derecha Álvaro Uribe, cuyo partido anunció que llamará a los colombianos a las calles.

Uno de los principales reclamos de la oposición es que el nuevo texto también permite que guerrilleros culpables de delitos atroces pueden presentarse a cargos de elección antes de cumplir sus penas.

El acuerdo fue llevado ayer mismo al Congreso, de mayoría oficialista, donde debe aprobarse e iniciarse el proceso de implementación. El debate se iniciará el próximo martes.