La Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas acogió parcialmente el recurso de apelación que planteó la Fiscalía General del Estado a la sentencia que condenó al exministro José Iván Espinel Molina, a diez años de cárcel por el delito de lavado de activos.

Los jueces José Coellar (ponente), Juan Paredes y Henry Morán decidieron -por unanimidad- confirmar la condena que le impuso el Tribunal de Garantías Penales de Durán al exfuncionario, pero modificó la participación y sanción que recibió su colaborador directo Wálter Andrade Muñoz. De cómplice pasó a ser coautor del delito, lo que aumentó también su pena de tres años y cuatro meses a diez años de cárcel.

La Sala Penal tomó esa decisión con base en lo expuesto en la audiencia que se desarrolló entre los días 9 y 10 de diciembre y lo entregado dentro del proceso, sobre los hechos que fueron juzgados tras un reporte que hizo la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). La entidad emitió sospechas de depósitos inusuales de dinero en efectivo, en un banco de Guayaquil, por un valor de 370.000 dólares. Esto, a nombre de una empresa encargada de la construcción de una vivienda que compró Espinel, y que la pagó en seis cuotas que se cancelaron entre noviembre de 2013 y abril de 2014.

Dichos depósitos, resumió el juez, fueron realizados por Andrade Muñoz ayudado por su esposa Johanna Vera Vera, quien era jefa de caja en el banco donde laboraba. Ella habría elaborado los formularios de licitud de fondos, cuyos datos -según la investigación- fueron falseados.

La Fiscalía demostró además que la constructora le devolvió a Wálter Andrade el dinero de una hipoteca que solicitó Espinel al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), después de haber cancelado el inmueble, pero que fue utilizado por su colaborador en la compra de un vehículo.

Esas acciones llevaron a la Fiscalía a pedir que se modifique el monto del lavado de activos y la participación de Andrade y su esposa María Johanna, de cómplices a coautores. Ella fue acusada por la fiscal “de impedir que se conozca el verdadero origen de dichos montos, aprovechándose de su alto cargo en una agencia bancaria, en la que figuraba como la suscriptora de las papeletas y licitudes de fondos para realizar dichos depósitos con datos inexistentes”. 

No obstante, los magistrados coincidieron con el criterio del Tribunal de Garantías que determinó la responsabilidad de la mujer en calidad de cómplice. Se mantiene la pena de 3 años 4 meses de prisión.

La Sala no se pronunció respecto del pedido que hizo el acusado Juan Carlos Barzola, por cuanto su defensor salió de la audiencia el pasado lunes, por lo que declararon el abandono del recurso.

La fiscal Ivonne Proaño, de la Unidad Antilavado de Activos, manifestó que los magistrados no se pronunciaron sobre el monto del perjuicio que, según las investigaciones sería más de 771.000 dólares. “Considero que en su pronunciamiento escrito y fundamentado lo harán”, indicó la funcionaria.

Para la abogada Vanessa Zavala, defensora de Espinel, la resolución evidencia “un sistema que no respeta el principio de seguridad jurídica, ni el principio de legalidad... en varios de los temas (el tribunal) equivoca por completo los hechos sobre los cuales se ha versado en este proceso... por otro lado, no se ha pronunciado sobre los pedidos de esta defensa que correspondía a la fecha de la presunta comisión de la infracción”. La jurista no descarta presentar todos los recursos que les faculta la ley, como la demanda de recusación que plantearon y que fue subida al despacho del juez ponente, seis horas después de que se instale la audiencia, el pasado lunes, para que los magistrados se excusen del conocimiento de esa causa, lo que no ocurrió.