El codigo PPK
Pareciera que, al fin, el desborde de la corrupción, conmueve a los encargados de combatirla y se observan reacciones y propuestas interesantes en ámbito continental.
Para no quedarme solo en las maldiciones, en las expresiones de asco o en la exigencia de que se sancione a los corruptos, sabiendo que hasta ahora han sido hábiles y no han dejado pruebas (a los corruptos ecuatorianos me refiero, no a nuestras autoridades de control que recién están aprendiendo a realizar su trabajo y se van a reunir entre los responsables latinoamericanos de esos asuntos a conocer experiencias), al menos es bueno que se proponga su muerte civil y que a las empresas corruptoras se las expulse de los países en que operaban. Ya es algo. Hacerlo podría desestimular un comportamiento al que la impunidad, sumada a la necesidad del “éxito” medido en ingresos monetarios y logrado sin mayor esfuerzo, puso de moda.
Al respecto, es digno de un comentario apoyando sus propuestas, lo que desde el inicio de su mandato viene realizando el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Así, luego de las cinco medidas del denominado paquete contra la corrupción de octubre de 2016, el domingo añadió dos nuevas, y las siete, reformuladas para superar los aspectos coyunturales referidos al Perú, bien podrían constituir una especie de código latinoamericano de gobierno ético.
Recordándolas brevemente, las propuestas iniciales de PPK contemplan: 1) Revisión del despacho presidencial y elaboración de parámetros para elegir asesores. 2) Evaluación, por parte de los ministros, de su entorno cercano para garantizar idoneidad. 3) Muerte civil de los corruptos. Los sentenciados no podrán volver a trabajar en el sector público. 4) Involucrar a todas las funciones del Estado en la lucha contra la corrupción. 5) Se crea la Comisión Presidencial de Integridad (CPI), que responde directamente al presidente de la República.
Ahora: 6) Las empresas sentenciadas por corrupción no podrán transferir recursos fuera del país y requerirán autorización expresa para vender sus activos. 7) Las autoridades deberán enviar información personal a la CPI.
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