Asamblea. El Código Ingenios fue aprobado el 11 de octubre con 88 votos a favor, 22 en contra y una abstención.

El Codigo Ingenios resume el saber en cuatro libros

En el primer libro se define la nueva institucionalidad para que funcione esta nueva normativa, votada la semana anterior en la Asamblea Nacional. Allí se regulan los lugares dedicados a la producción, transferencia y aprovechamiento de los bienes y se

El Código Ingenios tiene cuatro libros extensos que condensan y agrupan el conocimiento, la creatividad y la innovación.

En el primer libro se define la nueva institucionalidad para que funcione esta nueva normativa, votada la semana anterior en la Asamblea Nacional. Allí se regulan los lugares dedicados a la producción, transferencia y aprovechamiento de los bienes y servicios del uso del conocimiento. También incluye un capítulo sobre el fortalecimiento humano, la participación del sector productivo y el acceso y soberanía a los entornos digitales.

Mientras el libro segundo define la investigación responsable y la innovación. Garantiza la libertad de investigación, pero con respeto a la ética, naturaleza, ambiente y aprovechamiento de los saberes locales ancestrales. Ecuador, uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, debe preservar el patrimonio natural y ancestral, señala la ley.

También aprovecha los recursos biológicos y genéticos. “Los beneficios de esas investigaciones serán repartidos de manera justa”, según el código.

Sobre la innovación, dice que es un proceso creativo que introduce un bien mejorado, con valor agregado.

El libro tercero plantea un nuevo modelo de gestión del conocimiento que remplaza a la Ley de Propiedad Intelectual y está encaminado a “democratizar los beneficios y oportunidades del conocimiento”, justifica la normativa.

El último libro (IV) trata sobre el financiamiento del sistema y los incentivos tributarios para ello. Reconoce, además, la participación del sector público, privado, mixto y el de la economía popular y solidaria.

Aunque la oposición explicó que la ley necesita 500 millones para su aplicación. “No hay financiamiento, es una demagogia”, sentenció Ricardo Moncayo, legislador de CREO y miembro de la Comisión de Educación.