El CNE quiere elecciones mas baratas
Austeridad. La propuesta de reducir el presupuesto surgió a raíz del terremoto que afectó a Manabí y Esmeraldas en abril.
¿Cómo optimizar recursos económicos? Ese es el dilema que tiene el Consejo Nacional Electoral (CNE) de cara a las elecciones convocadas para febrero de 2017.
El organismo se dio un plazo de 15 días, desde el 5 de mayo, para establecer un nuevo presupuesto Orgánico Electoral. Hasta ayer no se conocían detalles sobre el reajuste.
El presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, ofreció que no se pondrá en riesgo las elecciones. Esta semana el funcionario irá al Ministerio de Finanzas para concretar el tema.
¿En dónde se podrían aplicar estos recortes? Dos exintegrantes de la Función Electoral dieron a EXPRESO varias alternativas que no afectarían, según ellos, el desarrollo del proceso.
Medardo Oleas fue vicepresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE). Él asegura que los procesos electorales se encarecieron en la presidencia de Domingo Paredes, con la contratación y compra de software, hardware y otros sistemas que, a su criterio, nunca funcionaron.
“Se debió fortalecer procedimientos y servicios que requieren las elecciones como una adecuada constitución de las juntas receptoras del voto y para eso no se necesita los software que contrataron”, dijo.
Otra área en la que podría haber un ahorro sustancial es en la impresión de papeletas para la elección de presidente y vicepresidente, 137 asambleístas y cinco parlamentarios andinos.
El exconsejero Fausto Camacho recuerda que, en su periodo, el Consejo convocó a una subasta inversa para contratar la imprenta que imprimió los documentos de votación.
“Costó un 40 % menos en relación a lo que había cotizado el Instituto Geográfico Militar (IGM). De ahí en adelante no se ha contratado por concurso, pero no es ilegal porque la ley sí lo permite”, aclaró.
Otra alternativa que él plantea para reducir los costos por impresión de papeletas, es la creación de un padrón pasivo y otro activo. Camacho explicó que, por ejemplo, se podría analizar quiénes no ejercen su derecho al voto desde 2008, cuando se aprobó la Constitución. Con esto se depuraría el padrón.
“Supongamos que el 10 % del padrón está en esa situación, estamos hablando de 1,2 millones de personas. Se dejaría de imprimir ese número de papeletas, menos juntas receptoras del voto, menos personas a capacitar y menor material de capacitación”, explicó.
Sin embargo, no toda la responsabilidad debería caer en el CNE. También los actores políticos deberían hacer conciencia sobre sus posibilidades electorales, creen los expertos. “Hay una novelería irresponsable de varias organizaciones políticas que saben que no van a sacar ni el 1 % de votos y sin embargo generan gastos”, dijo Oleas.
Pozo defendió en estos días que la optimización de recursos no es nueva para su presidencia y que eso se lo ha venido haciendo paulatinamente en los presupuestos que han sido aprobados por el CNE.
