El CNE acepta revisar 3.865 actas en un proceso publico
Cerca de 5.000 actas fueron objetadas por CREO-SUMA y Alianza PAIS. Las propuestas de Nebot y Correa eran analizadas desde lo constitucional y jurídico
Ajustarse a la ley o buscar una salida alternativa. A esa disyuntiva se enfrentó ayer el Consejo Nacional Electoral (CNE) ante los pedidos, de actores sociales y políticos, de un recuento de votos para dar legitimidad al proceso electoral del 2 de abril.
El equipo jurídico, junto a los vocales del organismo electoral, mantuvo durante la mañana y tarde varias reuniones. ¿El objetivo? Conocer y dar respuesta, cuanto antes, a las 4.200 objeciones que presentó el miércoles la alianza CREO-SUMA y a los 587 reclamos que hizo el movimiento PAIS.
Allanarse y revisar, al menos, 3.753 actas objetadas por las dos organizaciones políticas (3.329 de CREO y 423 de PAIS) era uno de los caminos que estudiaba el organismo electoral y el preferido, porque se enmarca en el Código de la Democracia. En ese escenario, el reconteo empezará mañana, en las 24 provincias.
Pero en el ambiente también rondaba la propuesta que nació del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y que luego fue respaldada por el presidente saliente Rafael Correa, aunque con ciertas condiciones para Guillermo Lasso.
Nebot plantea que (en un acto supralegal, que no establezca un precedente injurídico) el CNE en un evento público, con la presencia de actores sociales y políticos, permita que estos representantes de la sociedad escojan al azar varios miles de actas y se recuenten los votos.
En horas de la mañana, el presidente del Consejo, Juan Pablo Pozo, explicó que eso era parte del análisis de los recursos que fueron planteados por los dos grupos políticos que llegaron a la segunda vuelta electoral.
“Siempre basaremos nuestras resoluciones en lo que ampara la Constitución y la ley. Lo analizaremos y daremos un pronunciamiento en la sesión en la que tratemos los recursos respectivos”, dijo.
Esa reunión estaba prevista para la tarde de ayer, si los abogados del CNE concluían todos los informes jurídicos. A más tardar, las decisiones podrían darse a conocer hoy, antes de que termine el plazo de 48 horas que da la normativa al ente rector de los comicios.
La consejera Ana Marcela Paredes precisó, sin embargo, que en la ley no hay ningún artículo que les permita abrir las urnas simplemente por una expectativa y que no hay antecedente histórico en el país de que se pueda hacer algo así sin fundamento legal.
“Pero es necesario reflexionar y ver qué opciones hay. A nivel jurídico hay que determinar qué es lo pertinente porque nos interesa que haya la confianza ciudadana para que se sepa que la voluntad está en las urnas”, señaló la funcionaria.
Ratifica las decisiones de provincias
El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) negó ayer a la alianza CREO-SUMA cuatro impugnaciones presentadas a resoluciones adoptadas por las Juntas Electorales Provinciales.
Dos reclamos se hicieron en Cotopaxi y los restantes en Imbabura y Pichincha. La organización política impugnó la decisión de hacer el recuento de votos de un grupo de actas y no de todas las que solicitaron.
El argumento para desechar la impugnación fue que quienes lo hicieron en Cotopaxi e Imbabura “carecen de legitimidad activa” para interponer este tipo de recursos.
Sin paso a corregir una resolución
Ese no fue el único revés que tuvo CREO-SUMA en la sesión que mantuvo el pleno del CNE la mañana del jueves.
El partido de oposición también pidió la corrección y nulidad de la resolución que emitió el organismo electoral la noche del lunes, en la que daba a conocer los resultados de la segunda vuelta, una vez que terminó el escrutinio de las Juntas Provinciales.
Eso fue notificado a los partidos pasadas las 22:00. Y hubo un reclamo de la alianza política que, para el departamento jurídico, del Consejo Nacional Electoral no tuvo los fundamentos suficientes.