Eduardo Carmigniani | Renuncia a impugnar laudos
Se apunta a convertir al Perú en atractiva sede de arbitrajes internacionales
Es innegable el magnífico desarrollo que, en los casi treinta años transcurridos desde que se dictó la ley de la materia en 1997, ha tenido nuestro arbitraje doméstico. Ha dejado de ser una herramienta sin uso, para convertirse en un bastante eficiente mecanismo para resolver disputas más que nada contractuales, tanto entre particulares como con el Estado. Y el reglamento dictado a mediados de 2021 introdujo precisiones que lo han puesto a tono con los más modernos avances mundiales.
Pero si una de las ventajas del arbitraje es alejar de la Función Judicial el manejo de disputas -muchas veces complejas- para las que los jueces no suelen estar entrenados, hay un problema no superado que hay que enfrentar con creatividad: la posibilidad de que las sentencias de los árbitros puedan ser impugnadas, alegando su nulidad por causas taxativamente señaladas en la ley, ante el presidente de la Corte Provincial del lugar en que el arbitraje tuvo sede.
Es verdad que las leyes en el mundo generalmente contemplan ese mecanismo de impugnación. Pero nuestra realidad demuestra que suele haber presidentes de Cortes Provinciales -el señor Jhayya en Pichincha, por ejemplo- que distorsionan las cosas a tal punto que trastocan a la acción de nulidad en una especie de apelación, en la que terminan entremetiéndose en los méritos de la decisión arbitral, pese a que eso está expresamente prohibido por la ley.
Sus ocurrencias han llegado hasta a anular un laudo no obstante que la demanda fue planteada notoriamente fuera de tiempo; eso acaba de ser corregido por la Constitucional (sentencia 760-21-EP/25, 8 de octubre de 2025, ponente: Llasag).
La ley peruana de arbitraje permite, cuando se trata de disputas entre partes no peruanas, que en el convenio de arbitraje se renuncie anticipadamente a plantear la nulidad de cualquier laudo. Se apunta a convertir al Perú en atractiva sede de arbitrajes internacionales.
Creo que ha llegado la hora de debatir en Ecuador algo más ambicioso: que se permita hacer esa renuncia anticipada en cualquier caso, sin excluir a ecuatorianos.