De alarma en alarma, Brasil se hunde a cada paso en el caos político, jurídico y social. Después de que un juez impidió a Lula da Silva tomar posesión como ministro y de que el gobierno haya presentado una medida cautelar ante esa decisión, el oficialismo y la justicia chocaron ayer otra vez.

Lula ha visto en las últimas horas cómo diferentes tribunales le impedían ejercer el cargo, después le daban luz verde y de nuevo anulaban de forma cautelar su nombramiento.

Un laberinto judicial que mantiene al expresidente en una suerte de ‘limbo’ y que complica la posibilidad de que, como ministro, disfrute de la condición de aforado que le blinda ante el fuero común.

La última decisión que anula su nombramiento para la cartera de Presidencia fue adoptada por un juez de Sao Paulo, que argumentó que tanto el expresidente como Rousseff interfirieron en la investigación de la corrupción en la petrolera Petrobras.

Acusado de lavado de dinero y falsificación, como ministro Lula solo podrá ser investigado por el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial del país, que tiene un ritmo propio, sensiblemente más lento que los tribunales ordinarios.

El nombramiento le permite escapar de la sombra del juez Sergio Moro, que conduce las investigaciones del caso Petrobras que salpican tanto al expresidente como a dirigentes de todo el arco político, altos funcionarios y empresarios.

El Gobierno insiste en que su designación responde a la necesidad de reforzar la acción del Ejecutivo frente a las crisis política y económica, mientras que para la oposición es una maniobra para evitar sentar al expresidente en el banquillo por corrupción.

El acoso al Gobierno de Rousseff avanzó con la filtración de una escucha telefónica en la que el presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Rui Falcão, presiona al Ejecutivo para tomar medidas y evitar el cumplimiento de una posible orden de prisión preventiva contra Lula.

“Tienen que moverse”, dijo Falcão en una conversación telefónica el pasado 10 de marzo al entonces ministro de la Presidencia, Jaques Wagner (nuevo jefe de Gabinete).

Medios apuntan que la conversación fue grabada por el equipo policial que investiga el caso Petrobras el mismo día en que la Fiscalía de Sao Paulo le pidió a la Justicia que ordene la prisión preventiva contra Lula.

La incógnita es quién ordenó grabar y filtró esas conversaciones, si ni el presidente del PT ni el entonces ministro de Presidencia estaban bajo investigación.

Desde el Ejecutivo señalan contra el juez Moro y quieren abrir una investigación sobre supuestas escuchas ilegales en el palacio presidencial después de que, el miércoles, el magistrado divulgara la grabación.