Otra irregularidad. El alcance de China en las decisiones económicas del país, durante el gobierno de Rafael Correa, fue más grande de lo pensado. En uno de los créditos concedidos por el Banco de Desarrollo de China (CDB), el 29 de abril de 2016, se ordena la implementación de una oficina para la entidad financiera en el Ecuador.

Dicha oficina, según documentación a la que accedió EXPRESO, es conjunta con el Ministerio de Finanzas. Es decir, para obtener dinero de China, el país tuvo que abrir una dependencia conjunta.

El local serviría para “recomendar los proyectos elegibles, recomendar entidades de la República Popular China que realicen negocios con Ecuador, pago de contratistas y manejo posterior de la línea de crédito”.

La disposición llamó la atención de la Contraloría General del Estado. La oficina es parte del examen especial que el ente de control realiza a la deuda pública contratada en la administración de Rafael Correa.

Pese a que fue durante su periodo, la Contraloría no notificó de ese tema al expresidente. Él es parte de la investigación de endeudamiento por el Decreto Ejecutivo 1218 que firmó en octubre de 2016 y que modificó el registro de los compromisos estatales. Ese cambio, como informó EXPRESO el sábado, ocultó 11.326 millones de dólares de los balances de la Subsecretaría de Financiamiento Público.

El contralor subrogante, Pablo Celi, explicó a los 11 veedores ciudadanos que vigilarán el examen a la deuda, que la Contraloría no obtuvo información de la oficina conjunta. Su ubicación y financiamiento no fueron revelados a la entidad.

Este Diario consultó al Ministerio de Finanzas al respecto. La agenda del ministro Carlos de la Torre, según explicó su equipo de comunicación, dificultó que el funcionario pueda hablar al respecto. Finanzas ofreció para esta semana una respuesta sobre el alcance del local conjunto.

El ocultamiento de información no fue el único obstáculo que encontró la Contraloría durante el examen que realiza y que se presentará en la última semana de abril. Según conoció EXPRESO, los archivos de la documentación de las operaciones de endeudamiento público no cumplen parámetros internacionales para un correcto registro.

Los expedientes de deuda, que la Subsecretaría de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas tiene, están “incompletos, sin numeración, sin foliar”. Además, la información no está ordenada de manera cronológica ni tienen índices de contenidos.

El desorden del área financiera del gobierno dificultó, según Contraloría, el análisis y aplicación de los procedimientos de auditoría.

Esa es una de las limitaciones que tendrán los integrantes de la veeduría del examen. Pablo Lucio Paredes, exasambleísta constituyente, dijo que ordenar y categorizar el financiamiento público y sus fuentes es fundamental para que el gobierno de Lenín Moreno sepa el camino a seguir. ¿Con quién y cuánto hay que renegociar?, se pregunta.

Alcanzar el objetivo de transparentar la deuda, sin embargo, es todavía más complejo. El contralor Celi solicitó al Ministerio de Finanzas la información de varios contratos de endeudamiento. La respuesta, desde la Coordinación Jurídica de Finanzas, fue que tres resoluciones gubernamentales de 2010 declararon a esa información como “secreta y reservada”.