China prepara un sistema disciplinario basado en la recogida exhaustiva de datos personales de personas y de empresas, que se usarán para puntuar la fiabilidad social y la lealtad política de cada individuo y de cada compañía. Ser catalogado como mal ciudadano acarreará castigos tan diversos como la de que sus hijos puedan asistir a las mejores escuelas. Un sistema orwelliano que las autoridades chinas quieren tener en marcha para 2020 o incluso antes.

El llamado “sistema de crédito social” es una de las prioridades del Gobierno que encabeza Xi Jinping. La idea, según se desprende de los documentos que ha ido publicando a cuentagotas desde 2014 el Consejo de Estado es ir más allá de los sistemas de calificación de crédito financiero que ya existen en Occidente para fomentar una sociedad donde imperen la honestidad y el civismo.

Es algo ciertamente loable, y necesario, en un país donde la corrupción es una de las principales lacras y en el que escándalos como el uso de materiales contaminados en escuelas, o el empleo de terapias dudosas en hospitales militares, fomentan la desconfianza ciudadana hacia las autoridades.

Lo que suscita preocupación es cómo se plantea conseguirlo. Uno de los ejes del proyecto es la recolección del denominado big data -datos de todo tipo, personales, financieros y de consumo- para detectar posibles comportamientos fraudulentos, pero también para crear lo que fácilmente podría emplearse como un instrumento de vigilancia política masiva.

“Si el aparato de seguridad puede acceder a esa información, ya no habrá vida privada en China”, advierte el profesor Willy Lam, de la Universidad China de Hong Kong.

Las autoridades centrales o provinciales ya obtienen parte de estos datos a través de los registros oficiales. Las empresas privadas en sectores como el comercio electrónico o las redes sociales consiguen otros: el año pasado, en una especie de proyecto piloto, Pekín ya autorizó a ocho empresas a empezar a recabar datos para la valoración de crédito.

Una vez una empresa, o un individuo, se convierten en sospechosos, un procedimiento administrativo se encargaría de decidir si se le declara de manera oficial como ente socialmente poco fiable. Además de los datos financieros, se tendría en cuenta una amplia gama de criterios sociales o políticos.

La inclusión de esos parámetros “es para asegurarse de que la participación económica, social y política en el futuro solo se permitirá a los individuos y a las empresas que cumplan totalmente las normas sociales y políticas del Partido Comunista de China”, explica Mirjam Meissner, del centro de estudios alemán MERICS.

“¿Qué pasa si te gusta conducir demasiado rápido, pero eres un médico fantástico que hace muchas labores de beneficencia?”, se pregunta Rogier Creemers, de la Universidad holandesa de Leiden y experto en legislación sobre medios e Internet en China.

Aquellos considerados culpables podrían llegar a convertirse en parias sociales. Un documento del Consejo de Estado prevé, entre otras sanciones, que se les prohíba la compra de viviendas para su uso personal, viajar en las mejores clases o alojarse en hoteles de categoría alta. Sus hijos tampoco podrían matricularse en escuelas privadas. No podrían aspirar a contratos del Gobierno y, si contemplaran una carrera militar, sus posibilidades serían nulas.