La reestructuración institucional se torna sumamente difícil. El pronunciamiento ciudadano de febrero asomó, en su momento, como el justificativo legítimo para recuperar la democracia. Fue, de hecho, el instrumento adoptado por la ciudadanía para ejecutar esa dura tarea.

Alcanzar una situación de equilibrio entre el funcionamiento de la estructura estatal y las expectativas sociales es el objetivo central de la vida democrática de un país. Cuando la gestión oficial es insuficiente para atender las demandas de la población, el esquema jurídico y constitucional nos proporciona los medios a través de los que se ajusta la relación entre el poder y el estado llano.

En el escenario tan crítico que derivó del destructor operativo del correísmo se ha posicionado la convicción de que los cambios deben ser inmediatos so pena de que se abra la posibilidad de inciertas y catastróficas salidas. Este sentimiento, empoderado en el ánimo de determinados funcionarios con facultades de decisión, podría conducir a que los pronunciamientos que adopten sean apresurados, o no se ajusten, con la rigurosidad debida, a los referentes normativos y a las estipulaciones de procedimiento.

Ante tales peligros, y dando por hecho que el comportamiento de estos compatriotas es por sobre todo noble, sincero y bien intencionado, las opiniones que reflejen preocupación deben asumirse compromisos de acción conjunta hacia la consecución de una gobernabilidad en condiciones de acometer las urgentes tareas que el país exige.

Si la mayoría de votantes en la referida consulta aprobó la integración de organismos que trabajen en recuperar la institucionalidad, esa resolución debe complementarse con una activa participación que concurra a fortalecer el actuar de ellos. No de otra manera debe entenderse el ejercicio de la democracia en el complicado pasaje de nuestra vida nacional, indispensable para enterrar el oprobio que significó el régimen populista.

La colectividad debe estar presente para que sus decisiones no sean burladas ni pospuestas.