Que ha gastado $ 120.000 en la refacción de los espacios del Centro Especializado de Tratamiento para personas por consumo problemático de alcohol y otras drogas (Cetad) ‘Lofredo’, cuenta su propietario, José Lofredo. “Este será el tercer centro en recibir el licenciamiento, pero el gasto ha sido grande, y no es fácil conseguir crédito”, menciona.

Según la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS), en la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), solo dos Cetad cuentan con licencia definitiva, dos más la tienen condicionada y 77 no cuentan con ese permiso.

Una situación que preocupa, pues en Guayaquil, entre 2013 y 2017 se atendió a un promedio de 2.800 jóvenes adictos a las drogas por año en establecimientos públicos. Es decir, un total de 11.200, según cifras del Ministerio de Salud. Mientras que en el ámbito privado, la cifra sube a 15.719 casos atendidos entre 2010 y 2017, en el Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil.

Los 23 Cetad agremiados atendieron a 1.380 en 2017.

José no se opone a que la ACESS haya solicitado el licenciamiento de los centros para garantizar la calidad, su pedido es que les den “tiempo, financiamiento y asesoramiento” para cumplir la normativa, que se implementa desde el año pasado a través del acuerdo ministerial 4915 que expidió el nuevo reglamento para la aplicación del proceso de licenciamiento en los establecimientos del sistema nacional de salud.

Julieta Sagnay, psiquiatra y directora de la ‘Clínica de la Conducta’ opina que la labor de los Cetad debería ser la segunda parte de un proceso de recuperación de los pacientes que consumen, porque el primer paso (que solicitan en los requisitos de licenciamiento) “es responsabilidad directa del Estado”.

Ella sugiere que los hospitales de especialidad deberían ofrecer el servicio gratuito de desintoxicación, para que los Cetad hagan las veces de casa hogar, “en un espacio que brinde confort, y que haga sentir a los pacientes como si estuvieran en sus casas. No en ambientes hospitalarios, como el modelo que se solicita en los requerimientos para el licenciamiento”, argumenta.

Eso lo refuerza con el artículo 364 de la Constitución que establece “que al Estado le corresponde desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los adictos”.

Jesenia Luna, directora de procesos sancionatorios de ACESS, explica que los permisos que antes se otorgaban a los centros tenían una duración de un año, mientras que la certificación durará cuatro.

Sobre el pedido de los dueños de los centros, la funcionaria sostiene: “que no se les pueda dar un tiempo establecido (para que hagan la certificación) porque la norma no nos dice que le vamos a dar un tiempo establecido para que lo hagan, como tampoco nos dice que vamos a estar tocándoles la puerta para cerrarlos”, agrega.

Jenny Díaz, presidenta de los centros de rehabilitación del Guayas, aclara que no quieren que los centros de rehabilitación clandestinos “sigan siendo el eco de nuestra fama, por eso estamos conscientes de que el licenciamiento debe hacerse, pero en el proceso nos encontramos con que los requerimientos para obtener el permiso eran sumamente costosos, y por eso pedimos ayuda”.

En una carta enviada por Sagnay a José Vallejo, director ejecutivo de la ACESS, ella detalla que los únicos dos centros que tienen certificado definitivo facturan más de $ 500.00 al año, puesto que cuentan con convenios con el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) y Ministerio de Salud Pública (MSP).

En ese sentido, “sería mejor que el Estado una fuerzas con nosotros para que no tengamos que cerrar nuestros centros, y así no afectar a las familias, imposibilitando el pago y el acceso a la atención a los consumidores”, concluye.