Las autoridades del Trabajo deben resolver un pleito legal originado hace siete años y que enfrenta a la Empresa Pública Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) con una centena de trabajadores y extrabajadores por el pago de beneficios que suman 18 millones de dólares.

El 23 de julio de 2010, la empresa Transelectric S.A. -hoy una de las unidades de negocio de Celec EP- apareció en un listado publicado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) con los nombres de 396 empresas que habían sido notificadas por calcular incorrectamente el pago del 15 % de utilidades, lo que representaba un monto por alrededor de 260 millones de dólares.

Era el resultado, según anunció el SRI, de auditorías tributarias realizadas a 456 sociedades en los períodos fiscales comprendidos entre los años 2000 y 2008.

De acuerdo con esas evaluaciones, Transelectric tenía una deuda en firme de $ 18’277.360,49, correspondiente a los años 2002, 2003 y 2004, con la obligación legal de reliquidar ese monto en beneficio de sus empleados.

Siete años después, el pago de esos haberes es motivo de un reclamo legal, cuyo caso se tramita en el Ministerio del Trabajo, sin resultados hasta ahora. Un ciento de trabajadores y extrabajadores de esa entidad denuncian que no han recibido los valores glosados y exigen el pago de esa deuda pendiente.

Como parte del expediente constan copias de tres notificaciones de la Dirección Regional del Trabajo y Mediación Laboral de Quito, fechadas el 27 de agosto de 2010 y firmadas por el titular de esa dependencia, Pablo Naranjo Aguilar (ver infografía).

Esa autoridad, entre otras disposiciones, dio 72 horas de plazo a Transelectric para que proceda a la reliquidación de las utilidades, de conformidad con la auditoría tributaria realizada por el SRI y, en el término de los tres días posteriores, pagar el valor de la participación a sus empleados.

Según las notificaciones, en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado dentro de los plazos establecidos, la Dirección de Trabajo, mediante el debido proceso podía imponer una sanción de tres a veinte salarios básicos unificados, que sería cobrado vía coactiva.

Walter Miller, procurador común de los reclamantes, dice a EXPRESO que los administradores de Celec han desconocido cualquier posibilidad de diálogo. “Ese capricho de no pagar le puede costar al Estado el pago de $ 4 millones adicionales, que son los intereses generados por la deuda de $ 18 millones”, cuestiona.

En el expediente que se lleva en el Ministerio del Trabajo consta un oficio del 29 de junio del presente, que el entonces gerente general de Celec, Edmundo Ruales, dirigió a las autoridades de esa cartera.

El funcionario ratifica en esa misiva que las obligaciones reclamadas “se encuentran prescritas” y que no existe acta de sanción por el supuesto incumplimiento, así como tampoco la orden administrativa o judicial para que la empresa pública realice los pagos solicitados.

Los reclamantes esperan una respuesta de las actuales representantes de la entidad eléctrica. “El Ministerio del Trabajo tiene competencia legal para llamar a las partes y disponer el pago. No lo ha hecho, por razones que desconocemos”, alega Leonardo Martínez, abogado de los trabajadores.

EXPRESO no pudo conocer sobre las gestiones realizadas por las autoridades de Trabajo para resolver este conflicto. Una solicitud de información tramitada formalmente el pasado 14 de diciembre a ese organismo no tuvo respuesta hasta el cierre de este artículo.

La actual administración de Celec EP tampoco respondió al pedido de un pronunciamiento sobre el caso.

Entidad no responde a EXPRESO

Por segunda ocasión en estos dos últimos meses, las autoridades de Celec EP no atienden los requerimientos de información de este Diario.

El pasado 13 de noviembre, a través de su asesor de Comunicación, Christian Proaño, se solicitó a esa entidad respuestas a algunas inquietudes sobre el contrato para los diseños definitivos, suministros y construcción de sistemas de transmisión alta tensión a 500 kV (kilovoltios) y obras asociadas a 230 kV, suscrito en 2013 con la empresa china Harbin Electric International, por $ 599’097.509.

La contratación de esa obra, financiada con un crédito del Eximbank de China, tuvo varias observaciones de la Contraloría.