El castigo para un delito atroz

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El castigo para un delito atroz

CREO propuso instaurar la cadena perpetua para delitos contra menores. En la Asamblea no creen que aumentar las sanciones bajará las infracciones.

Trámite.  El CAL remitió el proyecto que establece la cadena perpetua a la Unidad de Técnica Legislativa para que emita un informe sobre su factibilidad.

Es una vía. El endurecimiento de las penas por delitos considerados “atroces” retoma relevancia tras el asesinato, en Loja, de Emilia Benavídez, de nueve años de edad. En la Asamblea hay opiniones divididas.

Para ciertos sectores, la alternativa podría reducir el número de delitos. El asambleísta de CREO, Homero Castanier, presentó un proyecto de reforma Código Orgánico Integral Penal (COIP), que propone sancionar con cadena perpetua a los delitos en contra de menores de edad.

“Es una pena muy radical pero el efecto para quienes osen topar a los niños o asesinarlos es que no podrán volver a estar en la calle. Hay que tomar en cuenta que el 40 % de quienes cometen este tipo de delitos son reincidentes”, dijo a EXPRESO.

En la misma línea está el legislador de Pachakutik, Elio Peña. Él sabe que aumentar la pena no disminuirá el cometimiento de los delitos, pero cree que ya es hora de abrir el debate sobre sanciones más fuertes.

Criterios con los que no coincide la presidenta de la Comisión de Justicia e integrante del ala correísta de Alianza PAIS, Marcela Aguiñaga. “No necesariamente los problemas se resuelven con aumentar penas. Creo que las penas en el COIP son mayores que en el pasado. Lo que debe revisarse es el tema de medidas cautelares, si caben o no caben, sobre todo en delitos donde el bien jurídico que se protege es la vida y, sobre todo, de nuestros niños, niñas y adolescentes”, precisó.

Las medidas cautelares también encienden alarmas entre otros asambleístas. “Se necesita de medidas preventivas y oportunas. Si se incrementan las penas no bajan los delitos, no es el mejor elemento de disuasión. Además existen parámetros internacionales que no permiten establecer cualquier tipo de pena. En el Ecuador la pena de muerte es inadmisible por mandato constitucional, al igual que la cadena perpetua”, dijo el legislador Luis Fernando Torres de Tiempo de Cambio/Partido Social Cristiano.

Fuera de la Asamblea también hay criterios divididos. El abogado penalista, Ramiro Román, y el defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira creen que el aumento de pena no garantiza disminución de delitos.

Rivadeneira asegura que urgen políticas de prevención. Esa fue su propuesta durante su comparecencia a la Comisión especial Aampetra, que se conformó en la Asamblea.

Román, de su parte, recordó que en todos los países donde se elevaron las penas, o tienen la pena de muerte, la estadística señala que los delitos aumentaron. “Se debe trabajar en la prevención, la rehabilitación, en cómo manejar la información. Es un problema de toda la sociedad”.

“Hay un límite constitucional”

“En el caso del Ecuador, ni la cadena perpetua, ni la pena de muerte están permitidas, porque requieren de una reforma constitucional y para eso, como son elementos restrictivos de derechos, requerirán de una asamblea constituyente”.

“Se debe abrir el debate”

“Es un tema que entra en debate porque también doctrinariamente sabemos que el endurecimiento de las penas amedrenta a quienes quieren cometer el delito. Es un tema que tiene que discutirse porque hay un clamor por respuestas”.

“Más penas no es la solución”

“ No por más penas se va a solucionar el problema. Aquí hay un problema cultural, de corresponsabilidad entre la sociedad, el Estado y la familia. Hay tres elementos: la prevención, la alerta y para las víctimas la reinserción y acompañamiento”.

“La ley, a favor de la víctima”

“Las normas tienen que identificarse con la víctima y no con los victimarios. Vamos a presentar un proyecto para que en ciertos delitos contra la vida si se endurece la pena, donde no aplica el procedimiento abreviado, y se visibilice al autor del delito”.