Los expedientes derivados de los 18 días de la protesta indígena que paralizó el país y dejó alrededor de 1.000 millones de dólares en pérdidas para el país, al menos cinco fallecidos y más de 600 heridos civiles, militares y policías, ya superan los 400 en la Fiscalía.

Pero podrían aumentar. Empresarios, militares y policías perjudicados, secuestrados, agredidos y otros afectados también han anunciado la presentación de denuncias y demandas.

De momento, según información que la Fiscalía difundió en su cuenta de Twitter, son 369 investigaciones previas y 34 instrucciones fiscales que se han abierto en el contexto del paro de junio pasado.

La mayoría es por paralización de servicio público. Delito por el que el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, espera un juicio directo que no se instaló el pasado 4 de julio en Latacunga, Cotopaxi.

La violencia con la que se desarrollaron las jornadas de protesta en distintos sitios concluyó con al menos 160 expedientes por paralización de servicio público. Uno de ellos es el que espera el juicio directo el próximo mes en contra del presidente de la Conaie, Leonidas Iza.

A ellos se suman 52 casos por daño al bien ajeno, 39 por robo, 30 por ataque y resistencia, 21 por posible secuestro, 11 casos por terrorismo, 10 por lesiones, 10 por intimidación, nueve por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Hay cinco por homicidio, cinco por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, cinco por hurto de bienes de uso policial o militar. También hay casos de rebelión, sabotaje, tenencia y porte de armas, destrucción de bienes del patrimonio cultural, falsa incriminación, actos de odio, asociación ilícita, extorsión, hurto, privación ilegal de libertad, lesiones causadas por accidente de tránsito, delincuencia organizada y otros 13 delitos, como el de grupos subversivos o delitos contra el agua.

Son 38 los delitos que se habrían registrado en el contexto del paro nacional y que se habrían cometido entre el 13 de junio y el 1 de julio de 2022.

Solo la Policía ha presentado al menos 168 denuncias por distintos posibles delitos registrados en 14 de las 24 provincias. Los comandantes provinciales han estado a cargo de la judicialización de los hechos vandálicos en los que se destruyeron UPC, patrulleros, motos y bienes, y dejaron más de 300 heridos.

La mayoría de ellos (118) está en Pichincha. Ataque o resistencia es el número mayor de denuncias. Hay también daño al bien ajeno, secuestro, terrorismo, robo y hurto.

Las Fuerzas Armadas también presentaron denuncias. Son 17 en todo el país por ataque o resistencia, robo de bienes del Estado, secuestro, terrorismo, asesinato, paralización de servicios, destrucción de bienes, entre otros crímenes. En esa cifra no se incluyen las denuncias anunciadas por el Comando Conjunto y el Ministerio de Defensa.

Los productores independientes del sector lechero se reunirán el lunes 11 de julio con su defensa para definir lo que harán, anunció Ana María Naranjo, ganadera de leche y vicepresidente de la Federación Nacional de Productores de Leche del Ecuador (Fenaprocle).

La organización de derechos humanos Inredh elaboró un informe sobre las afectaciones a los civiles en el contexto de la paralización. Hablan de las agresiones, de represión policial y otros hechos atribuidos a policías y militares. No mencionan, sin embargo, el ataque a los uniformados que llevaron a cabo los manifestantes con voladores, dinamita y carabinas con perdigones.

Ellos recogen la historia de cuatro fallecidos: Félix Muenala, Byron Guatatuca, Henry Quezada y Franco Íñiguez, pero no mencionan a José Chimarro, el militar asesinado en Shushufindi en un hecho atribuido a comuneros del sector.