El caso de los venezolanos vuelve a juzgado

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El caso de los venezolanos vuelve a juzgado

Refugio. En el intercambiador de Carcelén de Quito permanecían ayer un centenar de venezolanos.

Diálogo. En Quito continúan los procesos de socialización para que los venezolanos acudan a los albergues.

La incertidumbre no desapareció. La Defensoría del Pueblo acudirá mañana nuevamente ante la justicia para pedir que se revise el nuevo acuerdo ministerial que exige otros documentos a los venezolanos que huyen de su país y quieren ingresar a Ecuador.

El viernes, la jueza Judith Naranjo falló a favor de las medidas cautelares solicitadas por la Defensoría y dejó sin efecto la presentación del pasaporte como único requisito para entrar en territorio ecuatoriano para los venezolanos.

La medida fue festejada por los sectores que piden se respete y dé garantías para la libre circulación de estas personas que huyen de la crisis económica y social que atraviesa ese país. Pero la reacción de las autoridades gubernamentales frenó la euforia en cuestión de pocas horas.

Un nuevo acuerdo ministerial, que apareció la noche del viernes, señala que si bien no se exigirá el pasaporte, los migrantes venezolanos tendrán que cumplir con, al menos, dos requisitos.

Pueden ingresar con la cédula y un certificado que valide este documento de identidad que sea emitido por un organismo regional o internacional reconocido por Ecuador o por el Gobierno de Venezuela, con su respectiva apostilla.

Venezolanos consultados por EXPRESO dijeron que conseguir el certificado de autenticidad puede tardar tanto como intentar conseguir una prórroga del pasaporte. La otra opción es acudir a “los caminos verdes” que es una de las tantas formas de llamar al pago adicional para que se agilite el proceso. Esto puede llegar a costar $ 30 o más, contó Carolina Villamizar, dinero que es casi imposible alcanzar en una economía como la venezolana.

En entrevista con una agencia de noticias, Benavides lamentó la decisión de las autoridades ecuatorianas y dijo que este nuevo acuerdo “busca incumplir la sentencia” de la jueza Naranjo.

La funcionaria criticó que durante la audiencia del viernes, los representantes legales del Ministerio del Interior no hayan detallado las disposiciones que contendría el nuevo acuerdo ministerial y solo se hayan limitado a decir que habrá nuevos requisitos.

El Gobierno, por su parte, defiende las medidas que viene implementando porque asegura que con estas se garantiza la seguridad de los ecuatorianos y también de los migrantes venezolanos.