El caso Singue a un paso del arbitraje internacional
A mediados del mes pasado, el expresidente Rafael Correa rindió su versión, a través de una videoconferencia, desde Bélgica, por el caso Singue. A la Fiscalía General, en Quito, llegó como su representante legal el exsecretario Jurídico de la Presidenc
Otro caso que amenaza con terminar en una corte internacional. La empresa Gente Oil –que es parte del consorcio DGC, operador del campo petrolero Singue– analiza la posibilidad de plantear un arbitraje en contra del Estado ecuatoriano. Lo confirmó a EXPRESO Silvana Pastor, vicepresidenta administrativa financiera de la empresa.
¿El motivo? Las responsabilidades penales y económicas que la Contraloría señaló en su contra por el proceso de negociación del campo, en 2011.
La entidad de control asegura que en ese proceso hubo un perjuicio de 5,2 millones de dólares por una incorrecta definición de la tarifa que el Estado paga a la compañía por cada barril de crudo extraído.
Según su auditoría, se calculó la tarifa sobre el 80 % de las reservas probadas (2’040.556 barriles) y no sobre el 100 %. Con el primer método, la tarifa se fijó en $ 33,50 y con la segunda, en 32,45. Allí nacería el presunto perjuicio.
Pero, además, la Contraloría está segura de que en 2011, el Consorcio incumplió las bases del concurso y ni siquiera debió haber sido calificado para participar. Y eso, sin contar con la cercanía de, al menos, dos funcionarios de Gente Oil con altas autoridades del Estado y con la licitación internacional que terminó en la adjudicación del campo.
El caso está en la Fiscalía desde el 1 de agosto de 2017.
Pastor niega cualquier irregularidad. Para la representante de Gente Oil, cada una de estas acusaciones es “falsa”. Explica que no existe en la legislación vigente un método de cálculo único para definir la tarifa. Eso, dice, depende de la condición de cada campo así como de las proyecciones que hagan las empresas.
Cree que el proceso es “100 % político” y menciona la presencia de Jorge Glas en el proceso, entonces como ministro coordinador de sectores estratégicos. Ella, hija del exministro de hidrocarburos, Wilson Pastor, asegura que apoya la lucha contra la corrupción, pero dice que “no se puede meter a todos en el mismo saco”.
Por eso la empresa que representa piensa en sus opciones legales. Pastor insiste en que han presentado, en varias ocasiones, todos los descargos en la Contraloría. “Hemos agotado todas las instancias”, dice la funcionaria. Por ahora, no piensan acudir a una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo, como han hecho otros implicados, porque eso “agotaría” las opciones del arbitraje. En la Contraloría, sin embargo, precisan que la petrolera presentó su recurso de revisión, el último recurso administrativo posible, fuera del plazo que le daba la ley.
