Todos estuvieron antes de las 09:00 en la sala de audiencias de la Corte Nacional de Justicia, ubicada en el octavo piso del antiguo edificio Filanbanco.

La fiscal Thania Moreno, abogados y familiares de los sentenciados en el caso de la presunta venta ilegal de pases en la Policía habían sido convocados a esa hora para la audiencia de apelación del fallo.

Cerca de las 09:40, el juez ponente Wilson Lema se aprestaba a instalar la diligencia. Hubo observaciones de los abogados por la hora. Según los jueces la convocatoria decía a las 09:30 pero los abogados replicaron que habían sido citados a las 09:00. Fue fundamentado en ese argumento que David Vaca, defensor del general retirado Fausto Tamayo, excomandante de la Policía, había abandonado la sala a las 09:27 para cumplir con una convocatoria de la Contraloría.

La secretaria de la sala nombró a los presentes y entre ellos a Vaca. Un abogado observó a los jueces que estaba ausente y que la diligencia no se podría cumplir.

Antes que termine de hablar el abogado Vaca ingresó en la sala con una denuncia: “Doctor Lema, usted me amenazó que si no vengo declaraba abandonado el recurso”, dijo.

Luego detalló que minutos antes había recibido a su celular una llamada de la secretaria de la sala que de inmediato le comunicó con el juez.

Frente a esa revelación el abogado José Moreno consideró que, de ser cierta la afirmación, “es gravísimo”. Pidió al judicial que se excuse porque “usted no representa garantías de un juez imparcial y probo”.

La fiscal Moreno recordó que un juez que integraba el tribunal fue recusado porque tuvo contacto con una de las partes y su familia y apoyó el pedido de excusa.

El juez de inmediato señaló que al existir el pedido de excusa la presentaría por escrito a los demás miembros del tribunal y se resolverá en los próximos días.

Este era el tercer intento por instalar la audiencia de apelación en el caso de delincuencia organizada en el que el excomandante Fausto Tamayo y el teniente Alexis Cifuentes recibieron 13 años y tres meses como autores del presunto delito.

Cifuentes trabajaba en la presidencia de la República y en el Ministerio del Interior y habría utilizado su posición para el cometimiento del ilícito. La Fiscalía investigó la supuesta venta de 1.317 pases al margen de la ley cuyos costos oscilaban entre 900 y 1.500 dólares. Eso ocurrió entre 2014 y 2015.

Además de ellos otros nueve policías recibieron nueve años y tres meses, una civil a cinco años y tres 10 meses por colaboración eficaz.

Otros tres casos derivados

En máximo 15 días se conocerá si se concreta o no el caso de lavado de activos, derivado del delito de delincuencia organizada por los pases policiales, informó la fiscal de Pichincha, Thania Moreno.

En ese caso se hizo una pericia solicitada por uno de los abogados defensores, indicó la funcionaria.

Además de ese supuesto ilícito la Fiscalía investiga un supuesto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. En este último expediente la fiscal espera todavía el informe de Contraloría.