A la Prefectura de Pichincha llegaron la mañana de este miércoles 25 de octubre dos documentos. Uno para notificar a la prefecta Paola Pabón de la apertura de una investigación previa en su contra por el posible delito de peculado.

El expediente se abrió de oficio por información de una noticia criminis recopilada por la Fiscalía. Además a la Prefectura llegó un pedido de información sobre Soledad Padilla, la excolaboradora de Jorge Glas a quien se escucha en grabaciones hablando de su trabajo en ese organismo seccional, su ayuda y sus visitas a Glas en la cárcel mientras era funcionaria.

El de peculado es uno de los posibles delitos derivados de la trama que involucra a Glas y Padilla. Pero no sería el único que podría investigarse. Previamente los actores de la trama se denunciaron mutuamente. Padilla llevó una denuncia por probable intimidación y acoso en contra de Glas, y el exvicepresidente sentenciado por corrupción le adjudicó una posible extorsión. (Lea también: "Fiscalía investiga un posible delito de peculado en la Prefectura de Pichincha")

Para el penalista y catedrático guayaquileño José de la Gasca, en este caso se podrían configurar, además de peculado, otros posibles ilícitos como tráfico de influencias, delincuencia organizada y asociación ilícita.

Él sostiene que lo que debe interesar a la generalidad, más allá de la vida privada y problemas domésticos, es “definitivamente si hubo o no abuso de fondos públicos (peculado) o tráfico de influencias”.

Cree que utilizar las dependencias públicas como agencias de empleo particulares “no obedece a ningún principio que oriente a la administración de recursos públicos, sino a todo lo contrario: al nepotismo y al piponazgo”. Y considera que eso sí debería ser investigado por la Fiscalía.

El exfiscal Pablo Encalada estima que de momento hay dos denuncias recíprocas que tienen que investigarse de forma separada. Por un lado la extorsión que denuncia Glas, y por otro la de acoso y violencia psicológica en la que el exvicepresidente es denunciado. Dependiendo del éxito de la investigación podrían terminar con sentencia de cárcel. (También le puede interesar: "Jorge Glas acusa a Soledad Padilla de exigirle $ 350.000 por las grabaciones")

Menciona que también hay sospechas de peculado, pues se sabe que la exasistente de Glas estaba enrolada en la Prefectura de Pichincha y “en caso de que no haya cumplido funciones y sí cobrado sueldo, podríamos estar frente a un peculado. Eso también debe investigarse. De momento son elucubraciones”.

Para el jurista Marcelo Dueñas, lo de fondo en este caso, a decir de las mismas grabaciones que se han hecho públicas, es que Padilla estaba enrolada en la Prefectura, pero en definitiva no trabajaba ahí.

“Prestaba servicios para una persona que era el exvicepresidente y se trasladaba creo que de manera muy continua a visitarle en la cárcel, a hacerle gestiones personales, eso no lo conocemos. Esto sería evidentemente un caso de piponazgo”, argumenta Dueñas.

Opina que se debería investigar cuántos casos de esos existen o se han dado no solo en la Prefectura, sino en el Municipio de Quito o en juntas parroquiales en el país.

Pero en este caso no debería intervenir únicamente la Fiscalía, sino la Contraloría, a través de una auditoría, porque se trata de fondos públicos y podría existir un delito de peculado.

El jurista Cristóbal Buendía coincide en que podrían configurarse los delitos señalados, pero también otros, porque “llama la atención que se hayan obtenido grabaciones o se haya preparado una suerte de configuración de una posible acción judicial para configurar la extorsión o condicionamiento para las entregas de dinero”, como ha planteado Glas, para no entregar los audios.

Añade que en el caso de la Prefectura de Pichincha se podría hablar de una figura de posible piponazgo o de simulación de una contratación de orden público, para prestar un servicio diferente al que fue contratado a partir de la erogación de recursos públicos. Advierte que eso no solo cae en el ámbito administrativo sino en el penal, porque se habría estado suplantando una realidad inexistente en una contratación “y por ende se están distrayendo fondos públicos”. 

Prefecta

Defensa dice que no hay delito

La prefecta Paola Pabón, de viaje en Turquía, se mostró abierta a colaborar con las investigaciones. Carlos Soria, uno de sus tres defensores, indicó que enviarán toda la información solicitada por la Fiscalía en cuanto a contratos y otros documentos relacionados con el paso de Padilla por la Prefectura. Dijo además que considera que no existe ningún delito.

El detalle

Caso. Jorge Glas dice que le pidieron 350.000 dólares para no ponerle una denuncia de intimidación o acoso y no presentar las grabaciones ilegales. 

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