La pelota volverá a la Fiscalía y la Contraloría. Después de casi cuatro meses de trabajo, la Comisión creada en la Asamblea para investigar la muerte del general Jorge Gabela llegó a una conclusión que, para la familia del militar, era obvia desde el inicio: el asesinato del excomandante de la FAE tuvo que ver con el crimen organizado y no, como anunció el Comité Interinstitucional de investigación formado por decreto de Rafael Correa, con la delincuencia común.

El informe final de investigación, de 71 páginas, fue debatido y enriquecido anoche y será sometido a votación mañana. La mayoría de cambios solicitados buscan otorgar mayor contundencia al documento, cuya primera versión decepcionó a Patricia Ochoa, viuda del asesinado general. Tras el debate, se logró que el informe incluya los nombres de los funcionarios integrantes del Comité Interinstitucional, especialmente del Ministerio de Justicia, bajo cuya custodia desapareció la tercera parte del informe del perito argentino Roberto Meza, donde se mencionaba a los presuntos autores intelectuales del asesinato.

También se pidió que el informe mencione de manera más específica que la segunda parte de ese peritaje fue alterada sustancialmente, pues se omitió su conclusión principal: que el asesinato tuvo que ver la compra de los helicópteros Dhruv. El borrador habla de la manipulación pero no establece responsabilidades.

Otros nombres que serán mencionados en la nueva versión que se votará mañana: los de los integrantes del Comité de Adquisiciones de las Fuerzas Armadas; los de la Junta de Defensa Nacional que aprobó la compra, desoyendo las advertencias de que los helicópteros Dhruv carecían de las debidas certificaciones; los de las comisiones de Fiscalización y Soberanía de la Asamblea, que archivaron el juicio político contra el ministro de Defensa Javier Ponce y encubrieron las responsabilidades en el proceso de compra de los helicópteros, respectivamente; los de los encargados de la recepción de los helicópteros, que los aceptaron a pesar de las falencias detectadas en ellos.

Otra de las omisiones del borrador inicial, que será corregida en la versión definitiva, tiene que ver con seguimiento ilegal y acoso del que fue víctima el general Gabela en sus últimos días y, luego del asesinato, su familia.

Jeannine Cruz y Ángel Gende pidieron mencionar las palabras “crimen de Estado” como una posibilidad hacia la que apuntan todos los indicios. Y César Rohón solicitó incluir un pedido que la Contraloría haga un examen especial a la compra de armamento entre 2007 y 2017. También se incluirá nueva información, presentada por César Litardo, presidente de la Comisión: un funcionario de la Senain, Javier Molina Bonilla, mantuvo relaciones con la empresa Sumil, representante de la fabricante de los helicópteros, y brindaba asesoría para constituir empresas de papel en paraísos fiscales.

El informe final de la Comisión habla de las irregularidades en la adquisición del armamento, cuestiona las investigaciones que hicieron la Contraloría y la Fiscalía, sobre la compra de los helicópteros y sobre el asesinato, y pide reconstruir el desaparecido tercer informe de Meza.

Los errores institucionales

Asamblea

El informe hace un extenso resumen de los procesos de adquisición de los helicópteros Dhruv. Y critica la gestión de la misma Asamblea: según el borrador del informe, la anterior Comisión de Soberanía, pese a que detectó incumplimientos administrativos y errores, no estableció responsabilidad política.

Fuerza Aérea

La Comisión, después de analizar la documentación sobre los procesos de compra de los helicópteros, concluyó que la Fuerza Aérea no realizó un trabajo prolijo en el proceso de contratación, “siendo ellos expertos en este tipo de aeronaves y conociendo de primera mano todas las necesidades de la institución”.

Fiscalía

El trabajo de la Fiscalía en la investigación de la muerte del general Jorge Gabela también está en entredicho en la Comisión. Los legisladores dicen que “hay varias inconsistencias” que ameritan que sean analizadas para determinar la responsabilidad que pueda existir y la afectación al derecho a la verdad.

Conclusiones

1. Compra de los Dhruv

Evidenció falta de preparación y experiencia de la FAE en contracción y pugna de intereses en la cúpula.

2. Informe de Contraloría

Pese a establecer transgresiones administrativas no fijó responsabilidades para el exministro Javier Ponce.

3. Indicios

De la participación del crimen organizado en el asesinato de Jorge Gabela.

4. Investigación

No se realizaron todas las pericias para determinar los responsables del crimen.

5. Juicio político

Archivo del proceso contra Javier Ponce sin motivación suficiente.

6. Informe Dhruv

La Asamblea no hizo seguimiento al informe de la Comisión de Soberanía.

7. Comité estatal

No garantizó independencia e imparcialidad. Excluyó a los familiares de la víctima y

organismos de DD. HH.

8. Funcionamiento

El Comité, desde junio de 2013, fue informal, negligente y sumido en secretismo.

9. Segundo informe

El perito concluye que el asesinato “sería consecuencia de la delincuencia organizada”.

10. Tercer informe

No se halló sustento para desmentir su existencia.

11. Versión oficial

La versión del perito contradice a la exministra de Justicia, Ledy Zúñiga.

12. Las conclusiones

Se hicieron públicas cuatro meses después de haber sido aprobadas violando el Decreto Ejecutivo 1317.