Gonzalo Orlando Cortez Espinoza ha esperado justicia desde hace 25 años, cuando fue detenido ilegalmente por tres ocasiones y acusado de un robo que no cometió.

El lunes 21 de marzo de 2022, su lucha por conseguir justicia será escuchada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el máximo organismo de justicia del continente.

Desde las 09:00, los abogados Mario Melo, José Valenzuela y David Cordero Heredia, como parte del Centro de Derechos Humanos Pontificia Universidad Católica del Ecuador, acusarán al Estado ecuatoriano por los arrestos arbitrarios.

Cortez, militar retirado, fue apresado por miembros de Inteligencia Militar, entre el 30 de julio y el 19 de diciembre de 1997, y entre el 28 de febrero y el 11 de mayo de 2000. Su caso fue tramitado en la jurisdicción militar, hoy eliminada.

En el informe de adminisilidad ante el organismo internacional sus abogados indicaron que a Cortez se le violó su derecho a la integridad personal y sometido a actos de tortura. “Indicó que estuvo incomunicado durante casi veinte días. En reiteradas ocasiones no se le permitió dormir pues los oficiales golpeaban la puerta de su celda. En varias ocasiones su comida era escupida o previamente masticada”.

“Este caso demuestra cómo el Poder del Estado y las instancias de fuerza del Estado pueden limitar y afectar la vida de los ciudadanos”, explicó Efrén Guerrero, abogado asociado al Centro de Derechos Humanos.

El docente agrega que en esta audiencia se buscará que el Estado repare el daño a la integridad física, libertad y a la protección judicial de Cortez.

En su ámbito personal, desde el arresto Cortez vio afectada su calidad de vida. “Era un técnico de comunicaciones de aviación, con un buen sueldo, con una visa a los Estados Unidos, con la detención perdió su trabajo”, dijo Guerrero. Desde la década de los 90 ha tenido que sostener su familia con trabajos informales.