Con un cabo anudado quedó asegurada la puerta de la vivienda de paredes de tablas en la cual se registró la muerte de una niña, de 10 años, en el cantón Buena Fe, provincia Los Ríos. La pequeña fue violada y asesinada y luego colgada en un árbol el viernes pasado. Su padre es sospechoso.

Por las hendijas se divisaron los pocos enseres que usaba la familia y en los diferentes espacios se notaba la desolación. El interior habría sido escenario de constantes maltratos.

Ayer, funcionarios del Ministerio de Educación y de Salud llegaron al sitio para realizar un seguimiento, pero se encontraron con la vivienda vacía.

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Luego del sepelio de la víctima, la madre y hermanos fueron llevados a una casa de acogida para protección. En ese lugar no podrían tener contacto con nadie hasta que se terminen las valoraciones médicas y las investigaciones, según explicó a EXTRA la jefa política de Buena Fe, María Fernanda Zambrano.

La funcionaria precisó que se armó una mesa técnica con representantes de varias entidades públicas, quienes vigilarán el proceso. La Jefatura Política, Junta de Protección de Derechos a Menores, Dinapen, Fundación Génesis Gabriela, entre otros organismos, realizan una investigación y exámenes sicológicos a los otros menores de edad, por los presuntos maltratos y abusos sexuales del que presuntamente han sido víctimas.

La niña, de 10 años, habría muerto a causa de esa agresión, casa adentro. Según el informe de la autopsia fue violada y estrangulada. Al principio se dijo que ella se suicidó.

Por ello buscan tener la certeza si las otras dos hermanas de la occisa, una de 15 años y la otra de 13, que tendría un porcentaje de discapacidad, habrían sido objeto de agresiones, al igual que los varones.

“Nosotros garantizamos la protección de la madre de familia y de sus hijos. Nadie podría tener acceso a ellos hasta que dure la instrucción fiscal en contra del padre de las menores”, explicó Zambrano.

La representante de los Derechos Humanos, en Buena Fe, Flor María Loor, sostuvo que brindan su contingente para que las otras menores tengan las garantías necesarias, sean valoradas psicológicamente y no tengan problemas en sus estudios, mientras la casa en la que vivieron permanecerá cerrada hasta determinar el grado de violencia en que vivían sus ocupantes. (DV/IC)