El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, en dictamen emitido el 4 de febrero, determina que el australiano Julián Assange está sometido a detención arbitraria. Subraya también que Assange tiene derecho a la libertad de movimiento y a recibir compensación por los daños sufridos. Solo uno de los cinco miembros del Grupo, el ucraniano Vladimir Tochilovsky, discrepó al considerarlo un fugitivo “que escapó a su arresto domiciliario”.

Por su parte, un portavoz del primer ministro británico, David Cameron, calificó el dictamen de la ONU como “ridículo”, lo que abona las sospechas de Assange de que detrás de los supuestos delitos de abuso sexual que investiga la Fiscalía sueca, y que él niega categóricamente, se esconde la pretensión del Gobierno norteamericano, coludido con los Gobiernos británico y sueco, de extraditarlo y enjuiciarlo por “espionaje”, al haber revelado a través de su portal WikiLeaks, los miles de documentos secretos que pusieron en evidencia la política intervencionista norteamericana regida por las decisiones del Pentágono, que han llevado la guerra y la devastación especialmente a países del Oriente Medio y África (Afganistán, Irak, Libia, y ahora Siria), una de cuyas consecuencias, la más grave en este momento, son los millones de migrantes que claman por encontrar refugio en la Unión Europea.

En septiembre de 2014 el grupo de abogados de Assange presentó ante la ONU una demanda contra el Reino Unido y Suecia, considerando que su confinamiento en la Embajada del Ecuador en Londres, donde se encuentra asilado hace más de cuatro años, al no otorgarle el salvoconducto para abordar el transporte que lo conduciría a nuestro país, representa una detención ilegal que pone en serio peligro su salud física y mental.

Pero el dictamen de la ONU se advierte que no causará ningún efecto, salvo quizá para culminar la recepción de la declaración de Assange ante la fiscal sueca dentro de la Embajada de nuestro país, que es lo que nuestra cancillería ha gestionado desde el principio, ante la morosidad de la justicia sueca.

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