“Conclusión: el único responsable de la fuga de Fernando Alvarado es el grillete electrónico. Desgraciadamente el grillete no habla”. Con esta lapidaria ironía la legisladora independiente Mae Montaño sintetizó dos días de comparecencias de autoridades del Gobierno ante el Pleno de la Asamblea. Ayer fue el turno de María Paula Romo, ministra del Interior, y Nelson Villegas, comandante general de la Policía. Con ellos, la búsqueda de responsables políticos llegó a un punto muerto. Tal como ocurrió el jueves 25 de octubre con el ministro de Justicia, Paúl Granda, los dos comparecientes de ayer patearon la pelota lejos de su cancha.

Ni Romo ni Villegas aportaron nada que no sea del dominio público. Y, lo mismo que en sus declaraciones previas a la prensa, eludieron responsabilidades. “Ni la Policía ni el Ministerio del Interior participan en el monitoreo ni reciben de manera directa ninguna alerta (de los dispositivos de vigilancia electrónica). Fernando Alvarado no se encontraba bajo custodia o vigilancia de la Policía o del Ministerio del Interior”. Esa fue la versión que, con casi idénticas palabras, ofrecieron ambos funcionarios.

Su única competencia, dijeron, tiene que ver con la administración de los puestos de control migratorio. María Paula Romo afirmó, con total seguridad y certificados de por medio, que Fernando Alvarado no salió del país por ninguno de ellos. Y como ningún país (incluida Venezuela) ha notificado sobre la concesión de asilo político al prófugo, no descarta la hipótesis de que se encuentre todavía escondido en territorio ecuatoriano. De hecho (lo dijo como tres veces) no descarta ninguna hipótesis, lo cual resulta (diez días después de la fuga) francamente decepcionante.

Así que nada nuevo. ¿Nada? No. Hay algo. Pero (paradojas nacionales) las novedades no las aportaron las autoridades, que estaban llamadas a hacerlo, sino los propios asambleístas. Uno de ellos, Javier Cadena, informó que José Francisco Alvarado, hijo del prófugo, abandonó el país por el puesto fronterizo de Rumichaca el 19 de octubre, es decir, un día antes de la fuga. Al día siguiente, salió de Colombia por Cúcuta hacia Venezuela.

Otra, Lourdes Cuesta, soltó un ladrillazo que María Paula Romo escuchó impávida: informó, citando reportes del ECU 911, que el sábado 20 de octubre, a las 18h00, es decir, media hora después de reportada la fuga, el sistema de monitoreo de los grilletes electrónicos colapsó a escala nacional. Se fue el sistema, como dicen en los bancos. Por dos horas. La respuesta de la ministra fue tan predecible que dio grima: “ni la Policía Nacional ni el Ministerio del Interior tienen relación alguna con el sistema de monitoreo”. Bueno, sí, pero ¿lo sabía? No importa. Ni la Policía Nacional ni el Ministerio del Interior tienen relación alguna con el sistema de monitoreo. El interrogatorio a las autoridades del Gobierno se parece bastante a un juego de frontón.

La nota de color la puso Juan Cárdenas. El legislador correísta, digno heredero de ese estilo de hablar a gritos impuesto en la legislatura pasada por gente como Rosana Alvarado y María Augusta Calle, se quejó de que a Fernando Alvarado se lo llame “prófugo”. Atenta contra el principio de presunción de inocencia, dijo bastante descaminado. “No estamos diciendo que sea culpable -respondió la ministra-. Lo llamamos prófugo porque está fugado”. Elemental. Gran avance de este Gobierno con respecto al anterior: a los prófugos se los llama por su nombre. Pero igual se escapan.

De grilletes y código penal

Contra las excusas de la ministra, Fernando Burbano y Roberto Gómez esgrimieron el artículo 599 del Código Penal, donde se dice que “para garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas señaladas (las medidas de protección, entre las cuales se encuentra el uso del grillete) el juzgador contará con la ayuda de la Policía Nacional. Romo dijo que ese artículo se refiere a los casos de violencia contra la mujer.