Sus casas seran una calle

Miran con nostalgia la acera de tierra que forma el callejón de su manzana. Un terreno de Cerro Colorado ubicado frente al bloque 5 de Bastión Popular, que tendrán que desalojar después de toda una vida.

La angustia empezó en 2015, cuando el Municipio les notificó que debían salir de allí porque ese sector, conocido como cooperativa Luz del Guayas, que ellos han ocupado por más de 25 años, es vía pública.

El pasado 11 de mayo, el fantasma de esa amenaza tocó sus puertas, en forma de oficio. “La Comisaría Sexta dispone que se proceda a retirar la vivienda, de manera inmediata, caso contrario, se oficiará a la Dirección de Obras Públicas para la respectiva ejecución de la demolición”, narra el documento que llegó a cada una de las siete familias que viven en esa manzana, ubicada en medio de un sector industrial.

La pesadilla empezó a hacerse realidad ayer, cuando seis camionetas y dos volquetas municipales arribaron a la cuadra y derrumbaron la parte frontal de sus viviendas. “Mañana les bajamos las casas”, dijeron los operarios del Cabildo.

El susto se hizo llanto en cuestión de segundos. Niños gritando, señoras nerviosas y hombres con cara de angustia protagonizaron esta jornada.

Hasta el lunes, la preocupación, arrastrada por los dirigentes barriales hasta varios departamentos del Cabildo, en un eterno sube y baja de escaleras, consistía en pedir el cambio del lugar al que se supone que serían reubicados, Puente Lucía. “No queremos ir allí, es demasiado lejos. Nuestros niños estudian acá al frente”, argumentó la dirigente Karina Carrillo, el martes, a este Diario.

Ayer, ella -otra vez- pasó varias horas en el Cabildo en busca de una respuesta.

“Aunque nos dijeron que debíamos irnos, nos prometieron que no habría demolición sin que antes nos reubicaran. Esto es una burla”, se lamentó por su parte el morador Fernando Molina. Ayer recogía los escombros que la maquinaria dejaron en su portal.

No entienden. Wilson Chaguay es uno de los más indignados. Recordó que hace tres años las autoridades de una compañía que traslada aguas servidas en tanquero, y que opera en el sector, llegaron a pedir firmas a los vecinos para poder conseguir la licencia ambiental. “Y ahora solo nos quieren sacar y borrar del mapa”.

Las siete familias que viven allí tienen una particularidad: todas tienen al menos un miembro con algún tipo de discapacidad.