No son habitables. Se sabía desde el 2014, cuando el entonces director provincial del IESS, Iván Espinel, sugirió una demolición de las edificaciones. Ayer, no solo se ratificó la condición de las casas colectivas ubicadas en Gómez Rendón y José Mascote, también se confirmó lo que ya había adelantado a inicios de año el gobernador Julio César Quiñónez, la construcción de una casa de salud en el lugar.

Acompañado de la directora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Yullet Erazo, el gobernador confirmó que se tratará de un centro médico materno infantil, con atención ambulatoria, que incluirá servicios de hemodiálisis. Una obra, a decir de Erazo, que atenderá a 180.000 personas al año.

Pero, ¿qué ocurrirá con las más de 300 familias que viven en el lugar? “Unas serán reubicadas, otras tendrán que desalojar”, advirtió el gobernador, pues en un reciente informe se determinó que solo cinco de estos hogares tienen relación directa con el IESS, entidad que compró el inmueble al Municipio de Guayaquil en 1954.

Las casas colectivas tienen 316 viviendas en las que habitan unas 354 familias, según un censo realizado en 2014. Decir “habitan” es un piropo, pues es gente que vive en total incomodidad.

Las edificaciones, de más de sesenta años, jamás han sido remodeladas, salvo las cientos de manos de pintura que han recibido de sus distintos moradores. Pero ese es el menor de los males. La inseguridad y el microtráfico se adueñaron de sus corredores.

No hay fecha para la demolición de los edificios; aunque Quiñónez explicó que en los próximos tres meses se receptarán las solicitudes de las familias que quieran regularizar su situación para ser reubicadas, y que tendrán prioridad quienes demuestren que habitan permanentemente los departamentos y no tengan problemas legales.

Hay tareas pendientes. El MIES y el Miduvi llevarán a cabo un análisis socioeconómico para que los moradores puedan acceder a planes habitacionales. El IESS, por su parte, tiene previsto iniciar la construcción de la obra en los primeros meses del 2017. Su plazo de construcción será de 150 días.

En el último censo, realizado en abril de este año, se determinó que las familias que viven en los cuatro bloques que forman las casas colectivas, consumen 24.541 kilovatios hora por mes, lo que representa 2.208,73 dólares mensuales, costos que no pagan los moradores por “ser deuda del IESS”, que también debe a Interagua una suma de $ 120.600. BIMP