Carlos Ochoa: “La Ley de Comunicacion no ha quebrado ni ha cerrado medios”

El superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, acudió este jueves 23 de febrero a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional por el juicio político en su contra. Este proceso fue solicitado por los asambleístas Lourdes Cuesta y Fabricio Villamar, de CREO.

La Asambleísta, María José Carrión, presidenta de la Comisión, encabezó la audiencia junto a Susana Piedra, presidenta de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape), veedora en el juicio.

Ochoa solicitó que se reciba a Óscar Armas, denunciante particular, y a la asambleísta Diane Rodríguez. Armas —autorizado a participar con 9 votos a favor y 1 en contra— proyectó un video sobre comentarios emitidos en una radio deportiva.

Por su parte, la legisladora Rodríguez indicó que la Ley de Comunicación permite defender el derecho de igualdad ante contenidos discriminatorios por parte de los medios: “me afectó la ridiculización que los programas cómicos hicieron y a través de la Ley pudimos defender nuestra dignidad. No hemos tenido como ciudadanos la posibilidad de defendernos frente a los medios y por ello debe permanecer la Ley”, expresó Rodríguez.

Al momento de su intervención y presentación de pruebas de descargo, el superintendente expuso videos de programas de televisión y portadas de diarios nacionales. Además, citó varios artículos que componen la normativa que regula a los medios.

Ochoa señaló que “no se plantea a la regulación como una limitación a los medios, la planteamos como una defensa a la libertad de expresión de los ciudadanos y de las comunidades”.

Asimismo explicó que existe una gran diferencia entre regular medios de comunicación y regular cualquier otro tipo de empresa. Para el superintendente los medios tienen un impacto social y cultural que no tiene otro tipo de empresa.

Respecto al tema de las franjas horarias recordó que los medios de comunicación deben respetar las que están dispuestas en la ley.

Citó el artículo 65 de la normativa que garantiza que los niños, niñas y adolescentes reciban contenidos de calidad y acordes a su edad.

Sustentó que la aplicación de los derechos a la réplica y la rectificación están garantizados con la ley para la ciudadanía. Esto ha generado un total de 856 réplicas y 1.122 rectificaciones solicitadas sin intervención de la Superintendencia.

Según Ochoa, durante los últimos cuatro años, se registró una reducción de 67% en contenidos discriminatorios; 95% contenidos no aptos para la franja horaria familiar; y 54% contenido violentos.

Sobre las sanciones económicas a los medios puntualizó que los montos recaudados por estas ascienden a $ 754.690,00 y la comparó con el valor con los activos declarados a la Superintendencia de Compañías por parte de los medios locales: $ 513’ 005.024.

Agregó que “la Ley de Comunicación no ha quebrado ni ha cerrado medios de comunicación” y que el dinero de sanciones “está destinado al Presupuesto General del Estado”.

El modo de operar de la institución también fue abordado por Ochoa. Expresó que la entidad que preside es administrativa y no judicial. “Emitimos resoluciones que pueden ser apeladas ante el Contencioso Administrativo, como lo han hecho en su momento diversos medios”, explicó.

Seguido a esto, expuso que se sancionaron a 702 medios a nivel nacional. 671 fueron privados, 20 públicos e incautados y 11 comunitarios. Entre los incautados sancionados constan GamaTV, TC Televisión, RTV Ecuador, entre otras.

Glosas y destitución

El superintendente aprovechó para defenderse de la destitución solicitada por la Contraloría General del Estado y la aplicación de glosas por irregularidades durante su periodo en Gamavisión como director nacional de noticias.

Sobre las sanciones en su contra enfatizó que “carecen de todo sustento jurídico como en su momento lo demostraré ante el Contencioso Administrativo”.

Dijo también que el examen especial del cual se establecen responsabilidades en su contra “está viciado de nulidad por ruptura del principio constitucional al debido proceso”.

“No se puede destituir a quien no se ha posesionado. La Contraloría no ha podido presentar el acta de su posesión en el cargo antes mencionado ni la partida presupuestaria que lo acredita”, agregó.

El superintendente manifestó a los miembros de la Comisión que su contrato como director de Gamavisión está inscrito en el Ministerio de Trabajo al igual que su acta de finiquito y enfatizó que sus actividades laborales nunca estuvieron bajo la LOSEP o la LOEP sino ante el Código de Trabajo

Además, explicó los criterios jurídicos respecto a la naturaleza de empresa privada que es el medio donde laboró.