Casi un año después de la renuncia de María del Carmen Maldonado a la Presidencia del Consejo de la Judicatura y de haber reclamado en instancias judiciales el derecho a ese cargo que fue ocupado por Fausto Murillo desde febrero de 2022, Álvaro Román Márquez, asumió el despacho este miércoles 25 de enero.

Román resaltó que siempre fue respetuoso y su objetivo fue defender el ordenamiento jurídico. Por esa razón acudió a la justicia en donde presentó las acciones de protección que concluyeron con la resolución de la Corte Constitucional que falló en su favor al hacer el control del cumplimiento de la sentencia en su caso.

Como consecuencia siete consejeros de Participación fueron destituidos de sus cargos por no designar de forma célere al vocal del Consejo de la Judicatura que debía presidir el organismo. Ninguna de las cuatro ternas que envió la Corte Nacional de Justicia pasó en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). 

“Tenemos que asumir el nuevo reto”, mencionó. La capacitación de los funcionarios y la prevención de la corrupción, son parte de los cuatro ejes que guiarán el trabajo del nuevo presidente del organismo. Anunció además que van a tratar de prevenir y sensibilizar a los ciudadanos que cuando tengan situaciones de error inexcusable en las que hayan incurrido los jueces que presenten las respectivas quejas y que asuma ese reto. Apunta también a trabajar en perspectiva de género e interculturalidad para que las comunidades se incluyan y no se siga con políticas coloniales.

Buscará sensibilizar a los funcionarios que trabajan en perspectiva de género. Como abogado en libre ejercicio aseguró que ha constatado que los lugares para atender a las víctimas no es adecuado. Ofreció preocuparse más por el personal porque la razón de ser" de la Judicatura es esa, señaló. Además sugirió que ya no se debe hablar del Consejo como insignia sino de la Función Judicial. “Que los funcionarios entiendan que no pertenecen a la Judicatura sino a la Función Judicial”, añadió.

Román llega al Consejo en medio de cuestionamientos a varios jueces que han concedido acciones y emitido fallos rechazados desde la Policía y la Fiscalía y de quejas de los funcionarios por falta de insumos como papel, tinta, tóner y otros.