Por más de tres horas, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas pasó revista a la situación de los derechos humanos en el Ecuador. Se trató del tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) que el organismo hace en el país, después del cual emitirá un documento de recomendaciones y, de ser el caso, de felicitaciones.

En su informe ante el foro intergubernamental más importante de derechos humanos del mundo, el canciller ecuatoriano Guillaume Long expuso las medidas adoptadas en los últimos diez años con las que, dijo, se ha conseguido reducir la desigualdad en la región, “que es una vergüenza para América Latina”.

Sostuvo que la clave de los cambios sociales registrados en el país está en haber superado la idea de la prevalencia de los derechos políticos y civiles sobre los económicos y sociales. “Hemos afrontado a las transnacionales, defendido el medio ambiente, combatido el trabajo infantil, hecho obligatoria la afiliación a la seguridad social, establecido un salario mínimo que cubre la canasta familiar y exigido a las empresas que paguen los impuestos que les corresponden”, detalló.

El canciller aprovechó su discurso para atacar a la prensa y a los poderes económicos, a los que acusó de oponerse a “la modernidad democrática” con el fin de salvaguardar sus propios intereses y pagar los menores impuestos posibles.

Según Long, cualquier intento de reforma tributaria es rechazado por las élites y los medios de comunicación”. Aseguró que en Ecuador hay “plena libertad de expresión”, contrariamente a las críticas surgidas en los últimos años ante medidas vistas como restrictivas por un sector de los medios de comunicación.

“Se olvida que los medios también pueden violar los derechos humanos con mensajes racistas, sexistas, discriminatorios o difamatorios”, dijo.

Tras escuchar al canciller ecuatoriano, el Consejo emitió recomendaciones al país y, entre las más repetidas por Reino Unido, Estados Unidos, Suecia, estuvieron las relacionadas con la necesidad de salvaguardar la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como de reforzar las medidas para sancionar la violación de los derechos y la discriminación del colectivo LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales).

EFE-RTG